Ayer, José Luis Guash escribió una columna como las que, él mismo dice, ha escrito montones de veces, pero que el affaire Odebrecht recién ha puesto en relieve: los procesos de concesión y de asociaciones público-privadas (APP) en el Perú –y en general en América Latina– han sido y son muy adefesieros.
Ello permite (sí, permite, hoy, aún, ahorita, en tiempo presente) que, por ejemplo, un operador interesado "lubricaba el sistema para ganar el proyecto en la licitación o hacía (si el factor de adjudicación era a variable única) una apuesta temeraria; luego generaría los beneficios y rentas a través de adendas que modifiquen el contrato, y facilitaría la aprobación y contenido de las adendas, con la miel de la 'mordida' a los niveles apropiados".
Según Guash (ex jefe de expertos globales de APP del Banco Mundial), el 80% de las APP en el Perú han sido renegociadas y varias veces cada una. Las adendas así incorporadas a los contratos casi en su totalidad benefician a la parte privada en desmedro del Estado. En 31 APP en el sector transporte se hicieron 104 adendas; en 15 APP en carreteras, 61 adendas (solo IIRSA Sur tiene 22 adendas). El costo de estas adendas para el Estado –por proyecto– es de unos US$30 millones, según Guash. Eso quiere decir que las adendas le costaron al Estado US$930 millones solo en el sector transporte. Negociazo.
Las adendas son necesarias porque, en contratos grandes y de plazos largos, las condiciones pueden cambiar y amenazar con convertir en inviables algunos proyectos. Pero en el Perú se convirtieron en una puerta falsa para estafar al Estado y a la competencia.
A la vista de todo esto, esperemos que el ánimo "destrabador" del gobierno no pase por ser más flexible al pedido de adendas.