Lo que mal empieza mal acaba

La acusación constitucional contra Betssy Chávez y su suspensión del Congreso de la República se caía de madura. Estaba claro que había sido la mano izquierda del golpista Castillo en el endeble, casi esperpéntico, planeamiento del intento de acabar con el orden constitucional en el país.

Ella lo negó en todos los idiomas, pero con el paso de los días la evidencia fue demoliendo, uno por uno, sus argumentos y coartadas. Los últimos videos difundidos, así como los testimonios de sus excolegas de gabinete la han retratado como lo que realmente es: coautora o instigadora –eso lo precisará la Fiscalía– del fallido golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo.

La tacneña, mientras tanto, tras los luctuosos sucesos que llevaron al expresidente a la cárcel, continuó muy oronda fatigando su curul en el hemiciclo de la Plaza Bolívar. Es decir, ejerciendo como representante en un poder del Estado que ella y su jefe pretendieron cerrar ilegalmente. Evadiendo cualquier responsabilidad sobre las acciones de Castillo.

En vano se desflemó en los últimos días defendiendo su insostenible inocencia y atacando a la prensa y a sus acusadores en el Congreso, que la suspendió y aprobó la acusación constitucional en su contra, junto a otros presuntos cómplices del desaguisado: el también parlamentario Roberto Sánchez y el exministro del Interior Willy Huerta.

Ni siquiera sus excompañeros de Perú Libre la apoyaron, pues se la tenían jurada desde que en determinado momento del año que pasó, prefirió ponerse al lado de Castillo, antes que seguir las consignas de su líder Vladimir Cerrón. Así, Betssy Chávez, aprendiz de golpista, se quedó más sola que la una. En su alocución de defensa, hace dos días, ella misma –huérfana de ideas y argumentos– se redujo a la condición de simple agitadora callejera, haciendo llamamientos al “pueblo” para que “luchara” por una asamblea constituyente.

La expremier queda ahora en manos del Ministerio Público que deberá llevar a juicio el caso. Se espera una investigación a fondo y la sanción que merecen quienes atentan contra el ordenamiento legal establecido en la Carta Magna y contra la democracia que trabajosamente han logrado y defienden los peruanos.