La ley y el desorden

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, continúa acumulando denuncias y procesos judiciales en su contra. El líder de la protesta contra Tía María, ya desde sus días como candidato al cargo, venía precedido de sendos líos con la justicia, entre ellos, dos denuncias por violación archivadas por las cortes arequipeñas. Aparte de extrañas pérdidas de expedientes en dependencias del Ministerio Público en Chivay, en el contexto de uno de esos procesos “archivados”, se dio incluso el caso de que la víctima denunciara luego que había sido forzada a retractarse.

Las cosas no cambiaron cuando inició su gestión como gobernador. Su vicegobernador y supuesto aliado político, Walter Gutiérrez Cueva, que le permitió postular con el dinero y el aval de su partido político Unidos por el Gran Cambio –Cáceres necesitaba una organización inscrita en el JNE para poder presentarse a tiempo–, inició una querella contra él hace tres meses por difamación. Lo que se sabía es que luego de su victoria en las elecciones regionales, Cáceres se desentendió de su aliado y segundo al mando en el gobierno regional. Según cuenta, por su lado, Gutiérrez Cueva, simplemente no volvió a dirigirle la palabra, pero lo que motivó su demanda es que comenzó a hacer declaraciones diciendo que su vicegobernador complotaba contra él, llegando incluso a insinuar que pretendía asesinarlo.

La Southern Perú CC, a su vez, anunció el jueves que preparaba otra demanda contra el gobernador, por los abusos en que estaría incurriendo respecto a la empresa y sus propiedades en la región.

Ese mismo día, el abogado arequipeño Marcial Carpio Talavera denunció penalmente a Cáceres por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y contra la tranquilidad pública. Esto, en atención al desacato a la autoridad presidencial y, amén de otros daños a la propiedad, a los 20 policías heridos debido a la “obstrucción de caminos públicos y las hordas matonescas que Cáceres patrocina, en perturbación grave del orden público”.

Su interrogante es totalmente legítima: “¿Quién pagará los perjuicios causados por estos 30 días de huelga?”. ¿Y quién pagará por el efecto contagio que está provocando la protesta alentada por Cáceres y cuyas lamentables consecuencias ya estamos viendo en Quellaveco, y ayer hemos observado, con consternación, en Talara?