“La salud en emergencia”

Pongámonos por un momento en los zapatos de un padre de familia que vive en la ciudad de Tumbes. Este padre se enfrenta a una situación desesperada cuando su único hijo de ocho años enferma. Por supuesto, acude al centro de salud más cercano, el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, de nivel II. Sin embargo, se encuentra con una triste realidad: la falta de médicos especialistas que puedan ayudar a determinar la causa de las dolencias y enfermedad de su pequeño.

A ello se le suma que no hay medicinas. Debe comprarlas en las farmacias de la calle; los equipos médicos, como cardiología, cirugía, hospitalización, entre otros, están obsoletos o las autoridades han dejado que se malogren. A este padre solo le queda viajar a Lima a buscar un hospital que pueda brindarle una mejor atención a su hijo. Y, aun así, lo más probable es que lo veamos, a través de las noticias, acampando a las afueras de un hospital de nivel III en espera de atención médica. Así está la salud pública en el país: en emergencia.

Lo cierto es que esta realidad —que podemos encontrarla también en Lima— se agudiza en el interior del país, y más aún en ciudades donde la tasa de pobreza monetaria es mayor como Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno, de acuerdo al “Análisis de los Indicadores de Desempeño de los Servicios de Salud en el Perú: Desde la mirada del control gubernamental 2022″, elaborado por la Contraloría General con el apoyo de USAID.

Aquí, evaluamos indicadores relacionados con la gestión hospitalaria (como la productividad horas-médico y la disponibilidad de medicamentos esenciales); la gestión administrativa (como las contrataciones realizadas y la ejecución del gasto); así como la ineficiencia, corrupción y la inconducta funcional.

El estudio nos revela que, de 152 centros hospitalarios de nivel II y III evaluados a nivel nacional, administrados por el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, 114 registran un puntaje de riesgo superior a 40 en estos indicadores, y están ubicados en las regiones de Pasco, Puno, Callao, Tumbes, Áncash, Ica, Madre de Dios, Loreto, Arequipa, Lambayeque, Lima, Junín, Cusco, Huancavelica, San Martín, Ucayali y Ayacucho. Esta es la realidad del sistema de salud en nuestro país.

Otros estudios también coinciden con este análisis, y revelan más cifras alarmantes. Por ejemplo, que existen 17 médicos por cada 10 mil habitantes, y esta cifra disminuye a cuatro en los hospitales de primer nivel de atención, lejos del estándar recomendado por la OMS de 43 médicos. O que el 94.5% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención pública registran una inadecuada capacidad instalada. Cabe preguntarse: ¿de qué sirve tener estructuras de cemento si en su interior están vacías de profesionales, equipos médicos, medicinas y camas hospitalarias?

Conocer que existe una relación entre la tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años y la gestión hospitalaria, como indica nuestro análisis; o que los casos de dengue, pese a todas nuestras advertencias, siguen aumentando, y llegan a casi 210 mil y más de 200 fallecidos a nivel nacional, evidencia que en el Perú el sector salud está gravemente en emergencia.

Estamos ya con un nivel de pobreza que alcanza a casi 10 millones de peruanos y peruanas, es decir, al 29% de toda la población. O emprendemos una verdadera reforma política, con gestores honestos y profesionales, dispuestos a jugársela por el Perú, o más peruanos y peruanas seguirán enfermando sin recibir una digna atención en salud. Es prioritario que los responsables gestionen con eficacia la salud en nuestro país, con nuevas políticas y acciones urgentes para mejorar sustancialmente la atención en los puestos y centros de salud que conforman el primer nivel de atención que atiende a los más vulnerables.

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