La ley de la impunidad. (Foto: Presidencia)
La ley de la impunidad. (Foto: Presidencia)

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tiene en sus manos la autógrafa de la ley que atenta alevosamente contra la figura procesal penal de la colaboración eficaz. Está en su criterio observarla o entrar en el juego, si decide promulgarla.

Como se sabe, el Congreso la aprobó hace un par de semanas contra lo que recomendaban el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Equipo Especial Lava Jato y no pocos jurisperitos con conocimiento y experiencia en la materia.

Como informó Perú21, incluso tres exprocuradores del Estado ­–César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia­– le solicitaron a la mandataria la observación de esta norma “atendiendo a las graves consecuencias que ello acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú”.

Para la ciudadanía también es evidente que, en principio, se trata de una nueva maniobra de los grupos parlamentarios para desactivar investigaciones judiciales que se les sigue a allegados de cada uno de los partidos que votaron a favor del proyecto. La cantidad de procesos e investigaciones que se derrumbarían de aprobarse esta ley es enorme.

Sin ir muy lejos, es debido a que se vulneró un acuerdo de colaboración eficaz, amparado por la ley que pretenden desmontar, que en la mañana de ayer se detuvo a Sada Goray. Según los indicios registrados por la Fiscalía, la cuestionada empresaria habría vulnerado el acuerdo de colaboración eficaz al que se había acogido. Por lo cual el Poder Judicial ordenó actuar de inmediato.

Estamos hablando, pues, de una norma que ha permitido un avance nunca antes visto en procesos de corrupción de funcionarios, como el de los megasobornos que repartió la empresa Odebrecht en el Perú. Y ese es solo uno de los casos más notorios, al que podría añadirse el de Los Cuellos Blancos y tantos otros.

En resguardo del Estado de derecho, de la salud de la democracia peruana, el Ejecutivo está en la obligación de observar la autógrafa de esta hedionda ley que trasluce fácilmente los nombres propios a los que está orientada: el olor a componenda e impunidad, señores congresistas, se percibe desde lejos.