La constitución en peligro

La Constitución de 1993 surgió tras 20 años de fracaso estrepitoso del Estado empresario entre 1970 y 1990, y tras el flagelo terrorista.

Recordamos un país muy pobre y rural, una gestión pública mediocre y corrupta, recesión interminable, déficit fiscal, inflación y devaluación. Un Estado capitalino, agencia de empleos, con todos los servicios básicos secuestrados.

Luz, agua, teléfonos, energía, petróleo, grifos, bancos, seguros, empresas insolventes de propiedad estatal con servicios deplorables.

En 1993 se redefinió el rol del Estado empresario por uno subsidiario. Esta carta magna estimuló la reprivatización de las empresas y activó la inversión e iniciativa privada, pero la tarea quedó inconclusa.

La ineficiencia del Estado y la corrupción generalizada continuaron y se toleraron con indiferencia y complicidad.

El modelo que redujo la pobreza a la tercera parte ordenó las cuentas fiscales, impulsó infraestructura, nos insertó en la economía global y generó recursos para desarrollar al país, hoy es cínicamente cuestionado por retrógrados oportunistas, mientras las arcas están abiertas y sin control.

¿Y los empresarios? ¿Y los gremios, la sociedad civil? ¿Dónde están los que deberíamos defender con pasión la libertad, la subsidiaridad, la libre iniciativa, el mercado y la transparencia? ¡Seguimos entregando derechos! Asustados, confundidos, confinados, escondidos. En esta oleada populista y de vejámenes contra la libertad individual, una vez más, no hay protestas articuladas, ni siquiera una demanda de inconstitucionalidad. Estamos dejando morir nuestra Constitución por no practicarla.