A finales de mayo se reunió en Berlín un grupo de importantes economistas y profesionales mayoritariamente de centro e izquierda convocados por el “Foro para una nueva economía”, una institución que busca “un nuevo paradigma” para reemplazar las políticas económicas liberales del llamado Consenso de Washington que han regido las economías de muchos países desde los años ochenta. Al final del evento firmaron un documento llamado la Declaración de Berlín donde enumeran algunos principios que, según ellos, sería la base para un nuevo orden económico mundial.
Ellos justifican su búsqueda argumentando que las políticas económicas del Consenso de Washington (disciplina fiscal, reforma tributaria, liberalización de mercados y desregulación, privatización, fomento de la inversión y globalización) han generado mucho descontento al no mejorar las condiciones de vida de la población. Por el contrario, la evidencia muestra que estas políticas han permitido un enorme progreso a gran parte de la humanidad, con avances significativos en varias áreas: reducción de pobreza extrema del 36% en 1990 a 10% en 2015 a nivel global; aumento en la tasa global de alfabetización de adultos del 76% en 1990 al 86% en 2016; incremento de 6 años en la esperanza de vida global desde 1990; estabilidad económica, aumento de eficiencia y competitividad y crecimiento económico significativo en países emergentes que las implementaron; y atracción de importante inversión extranjera que permitió una importante generación de empleos.
Los que buscan un nuevo orden económico argumentan que la necesidad de enfrentar el cambio climático, la desigualdad económica y los efectos de la globalización, y los retos que trae la inteligencia artificial y el progreso tecnológico lo ameritan. Las principales recomendaciones de la Declaración incluyen: centrarse en la prosperidad compartida y asegurar empleos de calidad en vez de en la eficiencia económica encima de todo; desarrollar políticas industriales que dirijan el desarrollo y la innovación hacia la creación de riqueza para las mayorías; diseñar una forma más saludable de globalización; abordar las desigualdades de ingresos y riqueza; rediseñar las políticas climáticas en torno a la fijación de precios del carbono y la inversión en infraestructura; apoyar la transición climática en los países en desarrollo; invertir en un Estado innovador efectivo, incluso evitando la austeridad en el camino, y reducir el poder de mercado en mercados altamente concentrados.
Muchos buenos deseos, pero sin mucha claridad sobre cómo implementarlos, ni un análisis de sus efectos y costos. Parecería que más bien forma parte de una batalla ideológica que busca restablecer políticas heterodoxas que no funcionaron en el pasado, incluyendo un mayor control y dirigismo estatal, cuando lo que se requiere es lograr un equilibrio entre preservar los principios fundamentales de la economía que han sido efectivos e implementar aquellos ajustes y reformas que aborden problemas globales cuya existencia nadie niega.
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