La abogada Katherine Ampuero, quien está a cargo de la Procuraduría Ad Hoc encargada del caso Odebrecht, comenta en esta entrevista la labor de su despacho y el avance en las diligencias.
El Decreto de Urgencia N° 003-2017 establece que los activos de Odebrecht no pueden ser vendidos. ¿Es correcto?La norma señala que las personas que tengan interés en comprar activos de Odebrecht deberán recurrir al Ministerio de Justicia y ahí seguirá un procedimiento especial. Pero independientemente de lo que dice la norma, quiero dejar en claro que la procuraduría, ante cualquier transferencia que haga la empresa, va a solicitar la nulidad y no podrán aducir que adquirieron estos bienes de buena fe.
Cuando se refiere a nulidad, ¿podemos entender que procederán con la incautación?No. Si alguien compra los bienes, pediremos la nulidad de la compra-venta y solicitar el embargo.
El caso Odebrecht se ha dividido en dos partes: el preacuerdo con la empresa y la colaboración eficaz de Jorge Barata. ¿La Procuraduría Ad Hoc se ha incorporado al proceso como actor civil?El preacuerdo con Odebrecht solo lo conoce la Fiscalía. Nosotros no tenemos ninguna participación ni sabemos en qué marco legal se está negociando. Respecto del acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata, la Procuraduría tampoco tiene participación. Sin embargo, en ambas indagaciones, al pasar a la investigación preparatoria, podemos intervenir para determinar cuál será la reparación civil.
¿Está de acuerdo con que solo la Fiscalía conozca el preacuerdo con Odebrecht y su marco jurídico?La Procuraduría Anticorrupción solicitó copia del documento y le fue denegado el pedido por la Fiscalía. Esperamos que conforme avancen las investigaciones se nos informe al menos cuál es el marco legal de este acuerdo.
Odebrecht anunció que su nuevo representante, Mauricio Cruz, iba a negociar la reparación civil. ¿Se ha apersonado?No me voy a pronunciar. Es confidencial, por el momento.
Perú21 informó que la Fiscalía promovió el descongelamiento de algunas cuentas de Odebrecht para continuar con las negociaciones. ¿Qué hizo su despacho?Solicitamos información a la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), pero nos dijeron que esta es reservada.
Odebrecht tiene algunas obras en ejecución que deben ser liquidadas por el Estado. ¿Deben retener los pagos porque así lo dispone un decreto de urgencia?Todas las entidades del Estado tienen la obligación de retener los pagos, de lo contrario estarían desobedeciendo las normas.
¿Ha calculado cuánto sería el monto de la reparación civil que debe pagar la empresa brasileña?La mayoría de las investigaciones están en etapa preliminar. Hasta la fecha se han detectado 31 investigaciones vinculadas a este megacaso. Dada esta situación, es prematuro señalar montos. De lo que sí estamos seguros es que el daño ocasionado al Estado es incalculable.
¿La Procuraduría Ad Hoc está revisando si Odebrecht entregó sobornos en otras obras, fuera de la Interoceánica, Metro de Lima y Gasoducto?Sí. Estamos recopilando información de diferentes instituciones, en especial de Proinversión, que lamentablemente solo nos envió datos de estos tres proyectos.
¿Han identificado a otros ejecutivos de Odebrecht que dieron sobornos en Perú?Si se han identificado más, todos tendrán que ser investigados. Tenga por seguro que impulsaremos nuevas denuncias.
¿Siente presión para impulsar nuevas denuncias?Estamos haciendo un trabajo responsable. No se trata de presentar denuncias sin fundamento o haciendo caso a intereses políticos o satisfaciendo intereses personales. Tenemos diseñada una estrategia que está encaminada para salvaguardar los intereses del Estado, y no los intereses de cualquier particular.
¿Han tenido algún obstáculo en las indagaciones que realiza su despacho?El retraso que hemos tenido ha sido con Proinversión. En otras instituciones hubo buena acogida. Por ejemplo, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ha firmado varios acuerdos con Sunarp que nos permiten agilizar nuestras acciones, el Colegio de Ingenieros del Perú nos va a permitir obtener pericias y opiniones técnicas, el Reniec sumó para poder identificar personas y su vinculación familiar.
¿La Contraloría también se ha sumado?Claro, he coordinado con el contralor Edgar Alarcón. Le hemos pedido apoyo con profesionales y nos ha respondido positivamente.
¿De hallar responsabilidad en algunos de los funcionarios del gobierno actual, e inclusive del presidente Pedro Pablo Kuczynski, impulsarán los requerimientos respectivos a la Fiscalía?De ello no dude. En nuestro trabajo somos autónomos e independientes. Nuestros nombramientos no obedecen a ningún favor político de nadie, así que estamos con pie de plomo trabajando aquí.