[Opinión] Javier Alonso De Belaunde: Fabricantes de Mermelada

En estos días cargados de denuncias graves es importante detenerse en lo señalado por Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la PCM. Ella afirma que el premier Aníbal Torres le prohibió colocar publicidad estatal en los medios del Grupo El Comercio debido a que son críticos con el gobierno. La funcionaria valientemente renunció y denunció el hecho. Más allá de los medios en cuestión, hay que reparar que está en juego el dinero público y el derecho a la información.

La pauta oficial es una necesidad ineludible. El Estado debe ser transparente, rendir cuentas y, además, aspirar a tener una acción efectiva. Para ello está obligado a comunicarse con la ciudadanía. En tanto la tecnología no permita otro camino, debe anunciar en los medios que la población consume.

La ciudadanía, por su parte, tiene el derecho a ser informada. Esto no es secundario. El goce de sus derechos (seguridad, salud, educación, pensiones, participación, etc.) requiere información adecuada y oportuna. Sin publicidad estatal que comunique y combata la desinformación, por ejemplo, la campaña de vacunación habría fracasado.

Asignar la publicidad oficial a medios privados es un tema delicado que se presta a abusos. No por nada los peruanos hemos acuñado el término ‘mermeleros’ para aludir a los periodistas o medios que condicionan su línea editorial a una dádiva. Para neutralizar ello, la jurisprudencia del TC, los estándares interamericanos y la ley exigen bajo responsabilidad que la decisión sea con criterio técnico. ¿Cuál es el mensaje? ¿A quiénes debe llegar? ¿Qué medios consumen? Así, si un país solo tuviera dos diarios, uno oficialista sin lectoría y uno rabiosamente opositor, pero leído por la mayoría, el Estado estaría obligado a anunciar en el segundo.

No es este el criterio que parece manejar el gobierno. A la denuncia de Pinto se suma un reportaje de Anuska Buenaluque (EpicentroTV) que advierte lo mismo en varios ministerios: la pauta oficial se estaría usando como premio, es decir, mermelada. Corresponde que Contraloría, Fiscalía y el Congreso tomen interés por estas denuncias. Una fábrica de mermelada no solo desinforma, sino que drena los recursos públicos.