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Justos pagando por pecadores
Cuando se trata de combatir la delincuencia, es más fácil castigar a los inocentes que capturar a los culpables. Los platos rotos los pagan quienes no los rompieron.
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Un automóvil se puede usar en el asalto de un banco. Los maleantes escapan en su interior. Imagínese que, usando una lógica aparentemente impecable, el jefe de la Policía da una “idea brillante”: si prohibimos que en un auto viaje más de un pasajero se reducirán los asaltos, pues subirá el costo de escapar.
Imagínese que la idea motiva a otros funcionarios a tomar medidas “efectivas” contra el crimen. Dado que los ladrones nocturnos suelen usar linternas, se prohíbe su venta y uso. Por razones similares se decreta prohibiciones de ventas de pasamontañas. Y para evitar que los ladrones arranchen carteras y salgan corriendo se prohíbe el uso de zapatillas en la calle.
Hace solo unos días, un funcionario de la Municipalidad de Miraflores dio una de esas ideas: que se prohíba que las motos lleven más de un pasajero, pues pueden ser usadas en robos. Pero a diferencia de las anteriores propuestas, no tiene que imaginarlas: esta sí es de verdad.
Se puede usar casi cualquier cosa para cometer un delito. Los martillos se han usado para asesinar. Y ni qué decir de los cuchillos. Un celular puede ser usado para extorsionar o estafar a un despistado. Podría usar mi pantalón de pijama para estrangular a un tío del que voy a heredar.
Pero nada de eso es responsabilidad de las cosas ni de quien las usa legítimamente. Los delitos son causados por conducta humana. Es esa conducta la que debe sancionarse.
No es lógico que usos legítimos como llevar a su hermano a la universidad, recoger a su enamorada o simplemente pasear en pareja en una moto sean prohibidos porque el Estado es incapaz de hacer bien su trabajo. Cuando es incapaz de sancionar a los delincuentes, sanciona a los demás ciudadanos limitando lo que podemos hacer. La Policía debe dedicarse a perseguir a los ladrones y no a las personas que van de a dos en moto.
Se nos priva del uso legítimo de nuestros bienes. Y, usualmente, se desincentivan más los usos legítimos que los ilegítimos. La demanda de un bien necesario para cometer un delito es inelástica para los delincuentes y elástica para quienes queremos darle al mismo bien un uso correcto. Una elevación reducida del costo (por ejemplo, una multa por llevar dos ocupantes en una moto) desincentivará a llevar a mi hermano a la universidad. Pero a un ladrón, que asume el riesgo de ir a la cárcel, le importará poco que lo quieran multar por llevar un pasajero adicional.
La medida perjudica más a los ciudadanos honestos que a los deshonestos. Si un asaltante está dispuesto a tener una pistola ilegalmente (lo que tiene serias consecuencias legales), ¿cree que le importará ser multado por llevar un pasajero adicional en la moto?
Pero así son los reguladores. Aparecen en los medios para anunciar soluciones tontas como si fueran inteligentes, sin siquiera haber analizado lo que proponen. Nos privan de nuestros derechos porque es más fácil castigar a ciudadanos pacíficos que enfrentarse a la delincuencia real. Mientras tanto, los funcionarios ven en dos inocentes pasajeros de una moto a una asociación ilícita para delinquir.
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