Los movimientos regionales han anunciado medidas de protesta para este 28 de julio ante la ley aprobada por el Congreso, en primera votación, que los borra del mapa para las futuras elecciones. Un abuso mayúsculo y en extremo desatinado que favorece principalmente a los partidos políticos representados en el hemiciclo de la plaza Bolívar.
Lo que en realidad buscan estos señores es eliminar toda competencia electoral posible en aquellas zonas donde se sienten débiles.
Los legisladores tomaron esta decisión valiéndose de argumentos falsos, por un lado –como el hecho de que no rinden cuentas a nadie, cuando sí lo hacen–, y con medias verdades, como la ridícula especie de que su objetivo es fortalecer a los partidos, obligando a que los postulantes para las instancias locales y regionales sean miembros designados por las organizaciones –vamos a llamarlas así– “tradicionales”.
Porque si revisamos los resultados de los últimos comicios, se observa que la ciudadanía confía más en los candidatos independientes que en los impuestos por un partido. Partidos a menudo centralistas, sin representación provinciana real o meros cascarones para llevar candidatos que defiendan intereses lesivos para la ciudadanía o el futuro del país: minería ilegal, universidades bamba, taxis colectivos y actividades similares.
Las razones detrás de esta maniobra las ha explicado en Perú21 Freddy Vrako, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, y son ciertamente contundentes: estos colectivos “manejan el 85% de las municipalidades (en el Perú). Y en gobiernos regionales, 15 de los 25 son de movimientos regionales… Es decir, 60% en gobiernos regionales y 85% en gobiernos municipales. Esa es la diferencia. La competencia que ellos ven. Nosotros, los 84 (movimientos regionales) que estamos inscritos, tenemos 597 mil afiliados. Ni juntando a todos los nuevos partidos van a poseer lo que nosotros tenemos…”.
Aparte de haberse cuestionado la constitucionalidad de la propuesta, los respectivos líderes regionales ya convocaron a una movilización nacional de rechazo al Congreso. Una protesta que, sin duda alguna, añadirá mayor inestabilidad política de la que ya generan la pobre aprobación popular de la presidenta de la República y un Congreso cada día más abiertamente descarado en la defensa de su propia y muy específica agenda política, en las antípodas de las urgencias que actualmente vive el país.
Provocar a las regiones, en circunstancias en que estos poderes del Estado se encuentran tan deslegitimados es, simple e irresponsablemente, jugar con fuego.
