Entre tantas idas y venidas entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público hay quienes están aprovechando el pánico, como se dice, para hacer olvidar los procesos e investigaciones que penden sobre sus cabezas.

Uno de ellos, , es nada menos que el expresidente Martín Vizcarra. Mientras el hombre se divierte pegándola de influencer en sus redes sociales, donde aparece en actividades cuasi electorales, en la Fiscalía los graves casos por los que se le ha expedientado se dilatan una y otra vez.

Recordemos que a Vizcarra –aparte de su pésimo manejo de la pandemia mientras fue presidente de la República— se le sindica de haber cobrado millonarias coimas durante su gestión al frente del Gobierno Regional de Moquegua: Más de 2 millones de soles que habría recibido para favorecer los intereses de determinadas empresas para ejecutar obras entre 2011 y 2014. Se trata de un político inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años.

En la Fiscalía quien lleva la acusación en su contra es el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato. Pero, en el Poder Judicial, una controvertida decisión de la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Margarita Salcedo, hará que, una vez más su caso se postergue, al ignorar la inclusión de un delito nuevo en el expediente, con lo cual podrían generarse nulidades equívocas.

Es decir, con este desaguisado procesal, que no es el único, el así llamado ‘Lagarto’ tendrá todavía holgura para moverse y mantener por un tiempo más su línea de flotación legal, pese a estar empantanado hasta el cuello.

Todo esto, producto de una descoordinación entre magistrados e instancias judiciales que lastimosamente se han politizado a un punto ya insostenible. Los asordinados desencuentros entre fiscales y jueces no hacen sino expresar cuan divididas están las lealtades en el Poder Judicial.

Y lo peor es que la conflictividad latente ha terminado de contaminar por completo a una institución imprescindible para la salud de la democracia. La consecuencia directa de esta funesta politización se expresa en fallos que benefician a quienes deberían responder por sus actos en el plazo más corto posible.

Esta perniciosa división interna en nuestro sistema de justicia favorece solamente a los corruptos y a quienes han hecho de la ley una línea que cruzan a su regalado gusto y conveniencia. Esto tiene que parar de una vez por todas.

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