Juan José Garrido: Seguridad, educación y salud

En distintos estudios (vía encuestas, sobre todo) se ha hecho patente la necesidad de hacer cambios a nuestro modelo de desarrollo, o lo que es lo mismo, hacer reformas que permitan actualizar nuestro marco legal e institucional de cara a un crecimiento más inclusivo. Pocos discuten la necesidad de hacer estas reformas, pero se mantiene un debate apasionado sobre los ejes y, sobre todo, la ideología predominante de las mismas.

Para una parte importante de la izquierda, las reformas deben ser radicales: plantea, por ello, el cambio de la Constitución de 1993, no obstante la misma ha sido materia de grandes ajustes en el tiempo. Hay otra ala de la izquierda que, más moderada, plantea cambios que, sin ser superficiales, se pueden producir en el marco constitucional vigente; si tuviésemos que apellidarla, digamos que en una postura más socialdemócrata (mejorar el "piso" de los peruanos de menores ingresos, acercar al Estado, mejorar la provisión de servicios básicos y de calidad de vida, todo ello financiado con mayores ingresos provenientes del sector privado).

Para la derecha conservadora, las reformas deben circunscribirse a los ámbitos institucionales: que el Estado funcione, en sencillo. El marco económico puede mejorarse, aunque poco, y están satisfechos con los sostenes sociales vigentes. Y para los pocos liberales que hay en nuestro país, el deseo de reformas es un listado inagotable: profundizar la liberalización iniciada en los noventa, ampliarla a sectores obstruidos por la regulación e intervención del Estado (en lo laboral, por ejemplo), iniciar una reforma amplia de las instituciones (sobre todo en materia judicial), así como una larga lista de reformas sociales y políticas (derechos de las minorías, entre otros).

Pero, para la mayoría de peruanos, me aventuraría a calcular que entre un 60% y 70%, todo esto de izquierdas y derechas, de reformas de primer o segundo piso y eso, suena a cháchara politiquera destinada a mantener el statu quo: una clase política preocupada de sus asuntos personales (léase, corrupta y miope), una clase de grandes empresarios afortunados por la cercanía al poder y la gran mayoría de peruanos viendo cómo se las arregla por su cuenta.

Esto último está muy claro en la última entrega de Datum para Perú21. Casi todo sector requiere ser reformado: 90% cree muy necesaria una reforma en el sistema de seguridad, 88% en salud, 83% en educación escolar, 78% en empleo, 73% en economía, y así. Pero, al especificar las prioridades, las reformas requeridas son tan básicas, tan del día-a-día, que cuesta trabajo entender qué tienen en la cabeza nuestros gobernantes, este y los últimos: para el 43%, la prioridad número uno es seguridad, la segunda (con 21%) es educación escolar y la tercera (con 15%) es salud. Nada más claro y más simple: 79% exige seguridad, educación (de los hijos) y salud.

¿Se requieren cambios constitucionales para ello? Por supuesto que no. ¿Interesa que el gobierno sea de izquierda o derecha? En verdad, tampoco (y si me apresuran, tal vez sea incluso mejor que no esté tan ideologizado el gobierno). Lo que se necesita es una gestión profesional, honesta y con la determinación (desde el liderazgo) para hacer los ajustes necesarios. ¿Se requieren recursos? Obvio que sí, pero no es la variable crítica en esta ecuación.

A la clase política, y sobre todo a la prensa y los analistas, les encanta creer que los votantes expresan sus deseos ideológicos y morales por la vía de las urnas, pero eso es una ilusión (o desilusión, para ser más precisos). Si bien es cierto que existe una mayor preocupación por las propuestas de políticas públicas, los planes de gobierno y los equipos que acompañan a los candidatos, las prioridades son muy claras: seguridad, educación y salud.

Los países que han logrado altos grados de desarrollo han pasado por cubrir estas necesidades para poderse concentrar en promocionar el desarrollo de ideas y tecnologías. Para un país con el portafolio de recursos naturales como el nuestro, la receta debería ser sencilla: aprovechar los ingresos para invertir en solucionar estas demandas básicas, permitiendo el ingreso de inversiones y todos los beneficios colaterales (puestos de trabajo, conocimiento gerencial, tecnológico, entre otros).

No debería ser tan complicado diseñar un plan básico de reformas dirigidas a cubrir estas y otras necesidades básicas, soportado por un marco atractivo para el crecimiento económico, aprovechando, además, la simplificación del Estado vía las tecnologías digitales. Difícil no es; requiere, sí, un conjunto articulado de ideas básicas y la decisión de buscar consensos para llevarlas adelante. Ojalá el gobierno entrante entienda esta necesidad.