Juan José Garrido: ¿Públicos o privados?

En la teoría económica moderna, parte crucial de la intervención del Estado se escuda en la necesidad de regular la actividad económica privada. Sobre la base de la premisa de que existen bienes públicos (el aire que respiramos, por ejemplo) y que los intereses por maximizar beneficios por parte de los agentes privados puede colisionar contra dichos bienes públicos, la conclusión lógica es que un tercero (en este caso, el Estado) debe cumplir ese rol: velar por la sostenibilidad y uso eficiente de los bienes públicos.

No entraré a propuestas alternativas para la defensa de dichos bienes sin que sea el Estado la respuesta final; basta con decir que es mayoritariamente aceptada esta lógica y que, por ello, los Estados se han llenado de regulaciones (en mayor o menor medida) para que los agentes privados no sobrepasen los derechos de terceros cuando de maximizar sus beneficios se trata. De ahí entonces que observemos esa fauna densa y extensa de regulaciones, y de ahí también que cada cierto tiempo veamos en las primeras planas algún caso de crisis ambiental (por citar un ejemplo) y distintas ONG, políticos, académicos y otros, bramando contra la empresa privada, el "fin de lucro" y tantas otras consignas anticapitalistas.

No obstante, cuando aparece un caso que involucra a la empresa pública, ahí los reflectores se apagan. Los estatistas, que cuando el caso involucra a la empresa privada señalan y exigen penas altísimas, súbitamente desaparecen. Y los pocos que hablan, murmullan alguna excusa tonta, tratando de minimizar con ello el daño ocasionado.

Esto es lo que ha ocurrido en el caso del derrame de petróleo en Loreto. Como ya sabemos, hace pocos días aparecieron restos de petróleo en un río cercano al Oleoducto Norperuano. La empresa estatal, Petroperú, negó en un principio haber sido la causante del derrame; hoy, sabemos que no fue así. El presidente de la empresa renunció al cargo, el Ministerio del Ambiente ya estableció una pena (que al final, la pagamos los peruanos), y punto. Ah, me olvidaba: y ya salieron los defensores de la empresa estatal a señalar que esto podría ser un sabotaje para que se privatice Petroperú. Faltaba más.

Es curioso cómo cuando se trata de individuos en la actividad privada todos saltan a esperar lo peor de cada uno, pero cuando se trata de individuos en la actividad pública se espera siempre lo contrario. La diferencia entre el sector público y privado no es solo de quién asume los riesgos, sino –sobre todo– respecto a los incentivos que enfrentan los individuos en cada toma de decisión.

No entraré a la discusión sobre si el Estado debe o no participar en un negocio tan riesgoso como el petrolero. Al final, la lógica es muy similar en cualquier provisión de bienes o servicios: medicinas, salud, educación, casi cualquiera. Si bien es cierto que en la tarjeta de presentación son servidores públicos, al tomar las decisiones son individuos como cualquier otro, con intereses, respondiendo a incentivos, con visiones personales sobre lo que consideran correcto o incorrecto, y con objetivos muy particulares.

Esta es la base de la "teoría de la elección pública", desarrollada en extenso por James Buchanan, pero sobre la base de una larga línea de pensamiento (Wicksell, Arrow, Olson). Mientras que en otros países la decisión sobre qué regular, cómo regular y quién debe proveer tal o cual servicio, basado en qué condiciones e incentivos, dejó de ver –hace mucho– al burócrata como un agente omnisciente y capaz de poner los beneficios sociales por encima de sus intereses personales, acá seguimos lamentablemente bajo el paradigma que guió la construcción del Estado que soportamos: elefantiásico, corrupto, ineficiente, oneroso, en fin, inútil para el siglo XXI.

De nuevo, no pretendo proponer la privatización de todo (aunque crea que muchísimo debería ser privatizado), ni poner en el tapete la larga lista de exigencias liberales. Solo quisiera aportar al debate este hecho: lo de Petroperú no es, ni será, un ejemplo aislado; es la norma. El problema es que no lo vemos. Vimos lo de Petroperú porque el petróleo está ahí, en el río (y encima quisieron negar la vinculación), pero todos los días dejamos de ver las consecuencias (costos, si prefieren) de las decisiones de esos miles (casi un millón) de servidores públicos. No tenemos idea de cuánto mejor pudieron ser, cuánto más caras o baratas, cuán eficientes o efectivas, legales o ilegales, y así.

Como todos sabemos, requerimos una reforma institucional urgente. La misma debería tener esto en cuenta al formularse.