"A toda velocidad pretende una nueva reforma constitucional que impacta directamente en nuestro sistema de justicia. Desaparecer a la Junta Nacional de Justica (JNJ) y sustituirla por una “Escuela Nacional de la Magistratura”. (Foto: Andina)
"A toda velocidad pretende una nueva reforma constitucional que impacta directamente en nuestro sistema de justicia. Desaparecer a la Junta Nacional de Justica (JNJ) y sustituirla por una “Escuela Nacional de la Magistratura”. (Foto: Andina)

El Congreso va al ritmo de las redes sociales. Con mucha velocidad, sin ninguna pausa y, por supuesto, sin reflexión alguna, sin espacio para el intercambio de ideas o razones. A toda velocidad pretende una nueva reforma constitucional que impacta directamente en nuestro sistema de justicia. Desaparecer a la Junta Nacional de Justica (JNJ) y sustituirla por una “Escuela Nacional de la Magistratura”.

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Hace casi cinco años, escribí sobre el tema de la elección de los jueces y las urgentes reformas que necesita nuestro sistema de justicia (Gestión, 17 de julio de 2018). Entre los cambios más urgentes destaqué la necesidad de crear una “Escuela Judicial” para el nombramiento de jueces y fiscales.

En concreto propuse “Crear una Escuela Judicial” encargada de seleccionar a los futuros magistrados. Pero para evitar que la ignorancia organizada se infiltre nuevamente, es preciso crear un blindaje académico. Para que eso funcione, lo ideal es recurrir a la cooperación internacional, de modo tal que el nombramiento sea fruto de los méritos académicos y no de favores gestionados bajo la mesa…”.

Lamentablemente, esta reforma constitucional tiene graves fallas de origen. Veamos las más saltantes.

Falla 1: se indica que el ingreso a la llamada “Escuela Nacional de la Magistratura” (ENM) será por concurso, por un periodo de dos años y a dedicación exclusiva. Es decir, quien ingrese a la ENM no puede dedicarse a otra cosa más que estudiar para calificar como juez o fiscal, y, mientras tanto, ¿de qué vive durante esos dos años? Grave omisión.

Falla 2: el órgano de gobierno de la ENM estaría compuesto por solo tres personas: un juez supremo titular, un fiscal supremo titular y un exdirector de las escuelas de posgrado en Derecho de las universidades nacionales con más de 50 años de antigüedad. Más de lo mismo y, además, una clara discriminación hacia las universidades privadas. La selección de jueces y fiscales interesa a todos y resulta arbitrario excluir a la academia privada. Como dije, la estructura de gobierno de una escuela para jueces debe ser liderada por la academia (la mejor, no la mediocre) con apoyo de organismos internacionales especializados, para blindar a la escuela judicial de injerencias y, sobre todo, de contenidos formativos que no reflejen un mínimo estándar de calidad jurídica. Finalmente, dejemos que los jueces y fiscales supremos hagan su trabajo y no los involucremos en la escuela judicial.

Falla 3: con la propuesta de reforma se propone que las inconductas de los jueces y fiscales supremos sean juzgadas por sus pares. Es decir, por sus compañeros de trabajo. Gravísimo retroceso. Todo queda en casa.

Falla 4: a esta la puedo llamar la “falla por ausencia”. La ley establece que la Corte Suprema está conformada por tres salas (civil, penal y constitucional), cada una con cinco jueces. Pero la realidad es otra. Tenemos 10 salas que hacen un total de 50 jueces supremos. De ese total, el 70% son provisionales. A eso se agrega que la Corte Suprema tiene pendientes por resolver 71,783 casos. Si por un instante imaginamos que los 50 jueces se dedicasen todos los días a resolver solo lo pendiente, sin atender casos nuevos, tal vez acaben en el año 2030 (decidiendo en promedio 33 casos diarios, lo cual, de por sí, resulta alucinante). Nuestros legisladores no pueden pretender pasear de incógnitos en el infierno.

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