Mucho se ha hablado, durante estos días, de la magistral presentación en CADE de Moisés Naím. Como sabemos, Naím fue el padre de las "reformas de segunda generación" (las llamadas reformas institucionales) y ahora último ha señalado el concepto-libro "el fin del poder": como nunca antes, el poder es más fácil de conseguir, más difícil de usar y más fácil de perder. Estas dos grandes ideas, en conjunto, deberían llamar la alerta a todos: políticos, empresarios, independientes, académicos y estudiantes, medios, en fin; y más allá aún, deberían llevarnos a un gran debate. No existe intelectual o político de calidad global que no señale la necesidad de hacer reformas; es cierto, como dice Naím, que ahora ya no solo debemos señalar la necesidad de hacerlas, sino, además, especificar cuáles (léase, un problema de selección) y cómo deben ser implementadas (entendamos por ello cuál es la secuencia).
Pero, incluso teniendo presente qué reformas debemos hacer y en qué secuencia debemos implementarlas, existe el problema posterior: ¿cómo las llevamos a cabo en vista de la ausencia de poder, tal como lo entendemos? El poder de un presidente ya no es suficiente, ni siquiera el de un gabinete o un partido. Se requiere (y en esto la opinión de Naím es compartida por otro reconocido institucionalista como James Robinson) de un consenso político: el partido en el poder requiere el apoyo de otros partidos políticos, de otros líderes sociales y empresariales, probablemente de actores académicos y mediáticos, y así.
Esto nos lleva, inevitablemente, a un problema final: el Perú vive hace muchos años en un estado de permanente confrontación entre la clase política y sus satélites académicos y mediáticos. Vivimos la cultura "anti" en su máxima expresión: antifujimoristas, antiapristas, antinacionalistas, antineoliberales, anticaviares, en fin, como en botica y para todos los gustos. Ya no predominan las preferencias, sino las antipatías.
El reto es, pues, inmenso. Para progresar, para salir adelante, necesitamos mucho más que buenas intenciones: necesitamos un liderazgo claro, comprometido con un plan, que sepa tender puentes, que sepa lidiar con los adversarios (que existirán, sin dudas), que sepa negociar, transar, escoger sus batallas, y todo ello sin tomar en consideración cosas obvias, como un gobierno transparente y responsable.
Como si todo esto fuera poco, Naím brindó una reflexión (más bien, un problema) adicional, que va más o menos en esta línea: acabado el boom de los metales y del dinero barato, acabado entonces el superciclo de crecimiento económico, se acabará el populismo también (o, al menos, se reducirá sustancialmente). En paralelo a estos años de crecimiento, millones de personas salieron de la pobreza y se integraron (se integran cada día) a la clase media. Esto cambia radicalmente el tipo de "ajuste" que viviremos: el 45% de los latinoamericanos se considera de "clase media", pero en verdad solo pertenece el 30%; en otras palabras, hay un 15% de personas que se consideran de clase media sin serlo. Esto es importante, ya que representan millones de personas con expectativas de gasto más altas y muy concretas (esperan pronto mejores servicios, mayores bienes, etcétera). El 80% de los encuestados por Gallup cree que dichas mejoras son por mérito propio; no tienen nada que agradecerle al Estado o al gobierno de turno. Más aún: creen que dicha mejora será estable, que no recaerán a una situación de pobreza o indigencia. ¿Cómo impactará el ajuste a estas personas? ¿A quién verán como responsable? ¿A través de qué vías canalizarán dichas frustraciones? ¿Cómo percibirán a la clase política, a sus procesos y personajes?
No sé ustedes, pero da la sensación de que estamos ante una situación muy riesgosa para la democracia tal como la entendemos. Y, ya sabemos, no somos una región optimista, menos aún fanática, de la democracia (y Perú entre los peores).
El resumen es evidente: por múltiples razones, hoy más que nunca necesitamos de conocimiento experto a cargo del Gobierno Central. Esto no significa un candidato o partido específico; quien gane las próximas elecciones está en la obligación de llamar a un proyecto político conjunto, que permita identificar a los mejores profesionales, operadores políticos, y lograr una mayoría parlamentaria capaz de sacar reformas en los primeros meses de gobierno, y hábil al capear las críticas (que siempre existirán). Esto significa que para julio debemos tener identificadas las principales reformas, la secuencia, y un acuerdo entre el partido ganador y aquellos que compongan el futuro Congreso. Ojalá las promesas de consenso escuchadas en CADE sean reales; no es, a estas alturas, una opción.