Juan José Garrido: ¿Nos concederá una entrevista?

Los defensores mediáticos y sociales de la Sra. Heredia se equivocan si creen que atarantando e insultando lograrán la autocensura que tanto buscan. Porque eso es a lo que juegan, ¿verdad? Que desacreditando a la prensa independiente (que no somos pocos, en este caso al menos) eventualmente tiraremos la toalla, preferiremos caminar por la sombra… calladitos nos irá mejor… ¿verdad? Pues, de nuevo, si ese es el juego, se equivocan.

Lo de la Sra. Heredia no es poca cosa: estamos hablando de un delito muy grave y cuyo proceso ha sido, por decir lo menos, raramente favorable para ella… hasta ahora.

El diario La República publicó, anteayer, una nota donde se recuerda la extraña y repentina manera en la cual archivaron el caso en el 2010 los fiscales Eduardo y Mateo Castañeda, incluso después de que la procuradora Julia Príncipe interpusiera recurso de queja. Como bien señala Príncipe, la investigación "fue pésima" y nunca se logró establecer el origen del dinero. En otras palabras, archivaron el caso sin que se aclarara lo medular del mismo: si el dinero que recibió la Sra. Heredia (de una empresa fantasma) era o no ilícito.

Vayamos pues a lo medular, si de fondos se trata. Lisseth Boon, periodista venezolana, publicó recientemente en el portal web runrun.es una nota sobre la conexión Lima-Caracas y los nexos entre los Humala-Heredia y el gobierno del difunto dictador Hugo Chávez. Según la defensa local de la Sra. Heredia, nada de eso ha sido probado y, por lo tanto, paren todo, dejen a la señora tranquila. Pues la situación, allá por Caracas, es más clara. Según indica Boon, la clave del origen del dinero recae en Julio César Makarem Urdaneta, propietario de la empresa Kaysamak, la misma que en el 2005 haría 11 depósitos (por cerca de US$85,000) a cuentas vinculadas con la Sra. Heredia, su madre Antonia Alarcón, y Rocío del Carmen Calderón Vinatea (la famosa amiga de la tarjeta de crédito que luego fuera funcionaria del ente encargado de las adquisiciones del Estado peruano). Y ojo con este dato: dichas operaciones habrían pasado por el Interaudi Bank de Nueva York; en otras palabras, que a nadie sorprenda que mañana este caso de lavado de activos acabe en un juzgado estadounidense.

Pero regresemos al Sr. Makarem, quien ha resultado todo un personaje allá por Venezuela. Sus vínculos con el difunto dictador datan desde sus épocas de candidato: financió la campaña chavista de 1998 (desde una empresa en la que aparecía en nómina ¡una sola persona!) y, desde ahí, se hizo de jugosos contratos con el Estado. Fue socio en empresas del rubro petrolero, agroindustrial, de opinión, estudio de abogados e, incluso, ligado en medios periodísticos con el tráfico de armas. Siendo una persona, por lo más oscura, lo relevante viene así: Kaysamak, la empresa desde donde se realizaron las transferencias cuestionadas, fue financiada en el 2000 por el Banco Industrial de Venezuela, el cual demanda posteriormente –en el 2006– al matrimonio Makarem por incumplimiento de pago.

En resumen, cabe la posibilidad de que el dinero con el cual se financió el "proyecto" nacionalista en el 2005 provenga del Gobierno venezolano vía el Banco Industrial de Venezuela. Llámenlo chavista o como quieran, lo importante es que –y como hemos visto en distintos casos similares durante el gobierno de Fujimori y otros– es necesario investigar y rastrear las cuentas a fin de establecer la procedencia, el origen del dinero.

Esto es, entonces, lo que Palacio y sus amigos quieren impedir: que se investigue, como se debe, la procedencia de los fondos. Ya lo hicieron una vez en el 2010 y, ahora, están en la misma línea.

La estrategia de hoy no es solo entorpecer la vía fiscal, sino también a través de la autocensura en los medios que han preferido no comerse el cuento. Y no son pocos, y no son parte de ningún grupo, ni responden a consignas políticas, menos aún a cantinflescas teorías conspirativas.

Dice la Sra. Heredia que ya la "investigaron, juzgaron, sentenciaron y encarcelaron en menos de ¡una semana!"; pues, justamente, ese es el punto: no se le ha investigado debidamente, menos aún juzgado si dichas investigaciones lo merecen. Dice estar tranquila y que espera presentarse a la Fiscalía para hacer sus descargos, y le tomamos la palabra. Creemos que igual debería responder ante otras instancias, como el Congreso o los medios independientes, pero eso ya sería pedir mucho. ¿O estaría dispuesta a una entrevista abierta, sin cuestionarios y con repreguntas? Ya la hemos pedido innumerables veces; no obstante, volvemos –por si acaso– a solicitarla nuevamente.