Las últimas semanas han servido para enseñarnos, por si hacía falta, dos grandes requisitos que toda candidatura política para las próximas elecciones debe cumplir: en primer lugar, un plan claro y concreto de lucha contra el narcotráfico; en segundo lugar, un detallado proyecto que explique cómo piensan lidiar con los movimientos antimineros. Por cierto, ningún plan de gobierno se limita a estos dos problemas, pero es importante exigirlos cuando de escuchar a los candidatos se trata.
No hay día en que el narcotráfico y el crimen organizado no nos recuerden lo fácil que les hacemos la vida en el Perú. Esto no se trata ya de un par de partidos políticos, unos cuantos jueces y otros tantos policías corruptos. El narcotráfico avanza a punta de balas y granadas, y no hay quien lo detenga. No se trata, tampoco, solo de organizaciones que exportan dichas drogas; hace rato que el mercado local está bajo disputa.
¿Y la Dinandro, la DINI y otros organismos de inteligencia? Pues en otra cosa.
De acuerdo a la última publicación de Usaid, somos el país con la mayor tasa de victimización por delincuencia sobre una muestra de 25 países americanos. Así, como leen.
Por otro lado, los grupos antimineros (que existen, no son una conspiración de la derecha) han forjado una táctica capaz de paralizar cualquier proyecto, sin importar la aprobación de nuestras instituciones. No propongo el uso de la fuerza o el inadecuado uso de los aparatos de justicia, sino simplemente el de la razón, de la prevención, de la estrategia. Si llegas a negociar cuando la zona ya fue tomada, los principales actores jaqueados y –finalmente– los dados ya en juego, ¿cómo vamos a esperar resultados distintos? Si seguimos así, ayer fue Conga, hoy es Tía María y mañana será otro proyecto, minero o de cualquier otro tipo.
Debemos ser muy estrictos con los candidatos en distintos temas, pero implacables en estos dos. De uno depende nuestra sobrevivencia como nación, del otro los ingresos que nos permitan llevar a cabo ese sueño.