Juan José Garrido: Ajustes y percepciones

Las reglas de la política funcionan aquí y en la China: quienes están en el poder quieren retenerlo, y quienes no lo tienen… pues, bueno, ya se imaginan.

Y aunque suene feo, pues debemos asumir, además, que estarán predispuestos a casi todo para tomarlo. Si viviésemos en un país de instituciones robustas, con un sistema y una cultura ciudadana establecida, la baja o alta popularidad del mandatario no sería tema de reflexión y debate; empero, en espacios como el nuestro, donde las reglas y la razón fácilmente se doblegan ante la bulla y la fuerza bruta, pues la popularidad importa, y más aun cuando recordamos la segunda parte de la regla política.

Recordemos dos episodios recientes. Tanto Alejandro Toledo como Alan García recibieron, por parte de sus principales opositores políticos (Alan García y Ollanta Humala, respectivamente), amenazas de vacancia presidencial. Las bravuconadas se quedaron, en ambos casos, en el teatrín y la retórica, pero no deja de ser importante recordarlo. ¿Cuáles fueron las razones para proponer la ruptura del régimen constitucional? Ninguna válida (en el fondo, eran el descrédito personal y la baja popularidad).

Ni García en el gobierno de Toledo, ni Humala en el de García contaban con los músculos políticos para hacer realidad dicha amenaza. El fujimorismo, sin embargo, cuenta con el músculo para que dicha amenaza, de ser proferida, sea creíble. Más de un analista ya pronosticó dicho escenario, por alarmante que suene. Y si de razones (excusas, en verdad) se trata, siempre habrá una que sea "vendible" para el desestabilizador; además, distintos casos de corrupción, pasados y presentes, sirven como movilizador social. Así que ni es imposible imaginar dicho escenario, ni carente de razones que lo justifiquen eventualmente.

Así las cosas, es imprescindible que el Ejecutivo recupere la confianza ciudadana, expresada en las encuestas de aprobación que se realizan mes a mes. Si algún gobierno tiene que recuperarla, es este. Toledo y García no enfrentaban ni a un opositor con músculo, ni un entorno de "excusas" suficientes.

Para recuperar la confianza ciudadana, primero hay que tratar de entender por qué se perdió en primer lugar. Descartemos, antes, lo obvio: si debemos culpar a un tercero o al gobierno de ello. Creo que todos concordaremos en que, si de proporciones se trata, la mayor parte de la pérdida se debe a factores propios (endógenos, si prefieren). Algún afiebrado señalará al Apra y al fujimorismo, o a los medios, pero entre ellos no deberían sumar ni un cuarto de las explicaciones.

En la última encuesta de Datum se presentan 5 ejes de aprobación o desaprobación relacionados al manejo del gobierno, y nos brindan luces sobre razones concretas. Primero, lo desaprueban en todos los ejes: lucha contra la inseguridad, manejo de la economía, lucha contra la corrupción, dirección general del país y la economía del hogar (es decir, la personal). Se le nota, además, como una administración débil, sobre la que, además, no hay mayores expectativas. A él lo describen como una persona sin carácter para gobernar, aunque le reconocen estar rodeado de un equipo de profesionales.

Tanto en las preguntas relacionadas a por qué lo desaprueban, como aquellas que identifican cuáles deben ser las prioridades, aparecen la inseguridad primero, temas relacionados a las mejoras económicas personales (trabajo, ingresos) segundo, y la corrupción en tercer lugar.

De esto recaerían, naturalmente, las siguientes recomendaciones: trabajar en dichos ejes y en dicha prioridad (inseguridad, bolsillo del ciudadano, anticorrupción), así como en la percepción de los peruanos sobre la persona (léase, los atributos personales del mandatario: carácter, juicio, honestidad, etcétera). Lamentablemente, dichas prioridades están sujetas a la capacidad de cualquier gobierno de impactar de manera inmediata cuando se toman decisiones. Por ejemplo, una política económica destinada a transferir más recursos al ciudadano (reducir impuestos, por ejemplo) toma muchísimo tiempo en hacerse notoria, y pasa lo mismo con las acciones a favor de la seguridad ciudadana (cambiar la estructura institucional o armar los casos para ir contra las bandas organizadas). Hay que calzar, entonces, prioridades con el tiempo que toman en surtir efecto; si queremos cambiar la percepción, es necesario que los ciudadanos sientan una diferencia.

Por ello, creo que el gobierno debe trabajar en dos cosas primordialmente: lo primero es la percepción ciudadana sobre el mandatario (qué, cómo y cuándo dice lo que dice); lo segundo es el orden de prioridades: mientras en inseguridad y economía las cosas toman tiempo, en la lucha anticorrupción se pueden avanzar grandes cosas en poco tiempo. Es cuestión de decidirse y actuar. Esto último refuerza, además, lo primero (la percepción general sobre la persona).

Aún están a tiempo de revertir el inicio de la "boca de lagarto". Ojalá, y por el bien de todos.