Uno. Ayer se publicó la norma que permite el uso del 25% del fondo de las AFP para la compra de una primera vivienda. Hace poco, como recordarán, se aprobó otra norma por la cual se permite a los jubilados retirar hasta el 95% de los fondos. Más allá de si son o no inconstitucionales, lo cierto es que estas dos normas vulneran el sistema privado de pensiones como estaba diseñado. Será fácil echarle la culpa al Congreso, pero no es menos cierto que las AFP no actuaron a tiempo para evitar que la sangre llegue al río. Advertidas estaban, ojo. Ahora lo que queda es que el nuevo gobierno presente una reforma integral del sistema privado de pensiones. Como está, ya no sirve (son, a lo mucho, cuentas de ahorro forzado), así que a trabajar en una idea que satisfaga a todas las partes y tenga al pensionista como objetivo central del sistema (y no el financiamiento de inversiones locales, como era hasta hace poco).
Dos. Una cosa es lo que se dice, y otra lo que se transmite a través de las acciones. El premier Cateriano sostuvo ayer que el gobierno no amenaza la libertad de prensa, pero esa es su opinión, no la realidad. El caso de la periodista Rosana Cueva es una vergüenza, y demuestra el talante antidemocrático del gobierno, pero tampoco es el único. Los medios independientes hemos llamado la atención sobre el actuar de este gobierno: como los ministros no atienden los llamados, no brindan entrevistas (el caso del ministro Segura contra Perú21 es una clara demostración de intolerancia y falta de transparencia), hemos sido víctimas de seguimiento, y así. Si eso no es una amenaza a la libertad de prensa, ¿qué cosa es? ¿Hay que llegar a los niveles de intolerancia de Venezuela para que recién se preocupen? El ministro Valakivi debería –por vergüenza– renunciar e irse a su casa; si no, el Congreso debería interpelarlo y censurarlo. Al menos así quedará un precedente para el futuro inmediato.