Juan José Garrido: ¿Y ahora?

Muy delicada la denuncia –revelada el lunes– respecto a un probable soborno pagado por la empresa constructora brasileña Odebrecht al presidente Ollanta Humala. No es, como ya está diciendo su coro de defensores, una denuncia menor: hay documentos de la Policía Federal, del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Sobre los montos, hasta en dos oportunidades se mencionan los US$3'000,000 hechos públicos. Los documentos mencionan a muchos personajes ya conocidos por los peruanos (una de las reuniones menciona a la Sra. Heredia), así como obras específicas (sobre todo, hidroenergéticas), regiones (Cajamarca y Amazonas, por ahora), cuentas y bancos, y así. No son, pues, acusaciones al aire, sin sustento, y menos algo que pueda achacarse al actual proceso electoral. Por cierto, en las investigaciones se mencionan los gobiernos del 2001-2006 (Alejandro Toledo) y 2006-2011 (Alan García).

Dos cosas a considerar. La primera es la hermeticidad con la cual la comisión Lava Jato, presidida por el congresista Pari, manejó las investigaciones. Según el congresista, la comisión ya estaba al tanto de estas investigaciones; difícil, por decir lo menos, que el presidente Humala no haya tenido conocimiento de ellas. Lo segundo es sobre las declaraciones del mandatario y la empresa; ambos han negado cualquier tipo de favorecimiento o pago por obras, pero solo una investigación a profundidad podrá aclarar la verdad. Para empezar, están también las agendas de la Sra. Heredia para guiar a la comisión, tanto local como brasileña.

Y es que este escándalo no terminará en la justicia peruana. Si se usaron bancos norteamericanos (y hay varios con sucursales en EE.UU.), este caso caerá en la jurisprudencia bajo la famosa Ley Patriótica de los Estados Unidos. De igual manera, la justicia brasileña solicitará testimonios y, quién sabe, penas para los funcionarios involucrados.

Es imperativo que en este caso actúen la Fiscalía y el Congreso. La prensa independiente, ya sabemos, ha venido siguiendo estos casos, y pronto veremos avances al respecto. Pero son órganos judiciales y políticos los que deben esclarecer esto cuanto antes.