El sistema educativo peruano enfrenta numerosos retos, y los presupuestos anuales reflejan las prioridades que las autoridades asignan a estos desafíos. A menudo, el debate se centra en cuánto ha crecido el presupuesto educativo, si este alcanza el 6% o 7% del PBI, y existe un reclamo constante para incrementarlo con el fin de mejorar la calidad educativa. Sin embargo, rara vez se discute por qué no logramos ejecutar todo ese presupuesto.
Según el informe de Iniden de septiembre, entre 2010 y 2024 solo se ha ejecutado en promedio el 65% del presupuesto destinado a educación. Además, desde 2010 se han devuelto alrededor de S/40,000 millones que pudieron haber sido usados para reducir el déficit de infraestructura, especialmente en la educación básica y los institutos tecnológicos.
¿Por qué esa incapacidad para gastar lo asignado? Dos factores clave explican este problema: la complejidad del sistema de contrataciones del Estado y la falta de capacidad de gestión. Esto último se debe, en parte, a la falta de equipos altamente capacitados que ingresen al sector por méritos propios y no por favores políticos.
Si realmente queremos mejorar el sistema educativo, necesitamos atraer a personas capacitadas y honestas. Esto solo será posible si contamos con un liderazgo reconocido e independiente en la gestión administrativa, que ofrezca estabilidad y se mantenga al margen de la política. Solo así podremos asegurar que el presupuesto destinado a la educación sea bien invertido y genere los cambios necesarios para mejorar la calidad educativa en el país.
