Cuando se discute sobre los problemas del sistema de justicia o la versión degradada de Estado de derecho que tenemos, los abogados solemos mirar a la tribuna o echarle la culpa a alguien más. Con nosotros no es. Lo cierto es que la profesión y sus profesionales son fácilmente identificables jugando un rol en el mantenimiento y reproducción de muchos de los problemas que aquejan a la república. Esto pone en cuestión a las instituciones que deberían velar porque la abogacía goce de buena salud: los colegios de abogados.
Desde la primera década del siglo XX, la sociedad confió a los colegios de abogados el control ético de la profesión. Esta es su función principal, y la única razón que justifica que sea obligatorio incorporarse a un colegio para poder trabajar. Por añadidura se le asignaron otras atribuciones de trascendencia pública: iniciativa de ley, legitimidad para demandar ante el TC la inconstitucionalidad de normas, elección de altas autoridades.
Todo ello se ha hecho mal en los últimos tiempos. Basta recordar la incapacidad del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para organizar la elección de uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Se privó a este órgano de tener conformación completa en plenas elecciones, perturbando su función.
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Sucede que, como han denunciado algunos de sus agremiados destacados (Alfredo Bullard, Beatriz Boza o Luis Pásara), los colegios han preferido sus funciones privadas en desmedro de las públicas. Así, han operado como clubes, grupos de presión o mutuales. Y, en no pocas ocasiones, su acción se ha guiado por la búsqueda de menos competencia y más beneficios y privilegios a costa de quien debería ser su objeto de protección: la ciudadanía. Esta ignora sus derechos, tiene serios problemas de acceso a la justicia y, peor aún, está expuesta a malos profesionales.
El viernes se instaló la nueva junta directiva del CAL presidida por el notario César Bazán. Su primera tarea debería ser estudiar el cuestionable proyecto de “ley de la abogacía” presentado al Congreso por la anterior decana en sus últimas horas en el cargo que, entre otros aspectos, limita el control del Indecopi sobre los colegios. De esta toma de posición sabremos si el CAL tiene remedio.
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