Indolencia sin nombre

El feminicida Sergio Tarache finalmente se someterá a una detención preventiva en Colombia como parte de su proceso de extradición, según informó ayer la Cancillería peruana. Una vía de retorno que no era la mejor, dado que, si en Torre Tagle hubieran tenido reflejos, el criminal hubiera podido haber sido simplemente expulsado y entregado a las autoridades en la frontera entre estos dos países.

El proceso de extradición, según han dicho los analistas, puede tardar entre uno y seis meses. La expulsión, en cambio, era de efecto inmediato. Hoy mismo estaría ya en manos de la Policía peruana.

Es muy posible también que el actual gobierno colombiano no haya puesto interés en el tema debido a los enfrentamientos que su presidente, Gustavo Petro, ha mantenido con su par en el Perú. Como se sabe, Petro acusó a Dina Boluarte de ser una gobernante ilegítima, dándole crédito mas bien a la versión del golpista Pedro Castillo sobre la conspiración de que habría sido víctima para sacarlo de la casa de Pizarro.

Un grueso e interesado desacierto del mandatario del país vecino, cuyo desconocimiento de los hechos, y de la Constitución peruana, ha llevado a que las relaciones entre ambos países, habitualmente cordiales, hoy se hayan casi congelado.

El ciudadano venezolano Sergio Tarache asesinó de manera brutal a la joven Katherine Gómez, de 18 años, rociándola de gasolina y prendiéndole fuego. Un crimen incalificable que, una vez capturado el feminicida, merecía recibir un tratamiento expeditivo, ya que no cabe la menor duda sobre su autoría – él mismo confesó ante sus captores– y el móvil que este psicópata tuvo para cometerlo.

La vía elegida por la Cancillería peruana alargará innecesariamente la petición de los padres de la joven, que exigen con justa razón que sea traído al Perú de inmediato para que cumpla la condena que le espera. La vía rápida era la que se imponía.

Es lastimoso –diríase incluso que da vergüenza ajena– que las diferencias ideológicas entre los actuales regímenes y presidentes de Perú y Colombia terminen obstaculizando la acción de la justicia. Más aún tratándose de un crimen monstruoso que debería ser castigado sin mayor miramiento ni trámite.