La violencia criminal en el Perú continúa registrando nuevos hitos de descontrol e impunidad. Esta vez la víctima fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (FTCCP), Arturo Cárdenas, asesinado a tiros en La Victoria.
Es inaudito que, en el ministerio llamado a darle seguridad a los peruanos, el del Interior (Mininter), estén atareados más en ejecutar venganzas personales contra el personal policial que no hincó la rodilla ante el Gobierno –cuando fue necesario investigar denuncias de corrupción en el poder– que en combatir la delincuencia que asola al país.
El Perú está viviendo una auténtica pesadilla debido al aumento del delito en sus modalidades más extremas, tanto en las ciudades como en el campo. La extorsión, la minería ilegal, los arrebatos y asaltos callejeros, el sicariato, la trata de personas y actividades ilícitas conexas se han convertido en pan de cada día.
El asesinato de un líder sindical que se enfrentaba a las mafias en el sector de construcción civil constituye un sangriento salto cualitativo en las actividades criminales de estas organizaciones. Porque Arturo Cárdenas fue abaleado, como se dice, a la luz del día y en plena vía pública. Desde los asesinatos selectivos de Sendero Luminoso cometidos contra respetados sindicalistas no se veía algo semejante.
Recordemos, además, que Cárdenas y la dirigencia de la FTCCP participaron no hace mucho, junto con gremios empresariales, como la Confiep y otras instituciones de la sociedad civil, en una marcha que exigía al Gobierno medidas concretas contra la violencia y el crimen organizado.
Y como una suerte de tardía e írrita respuesta, al Gobierno apenas se le ocurrió publicitar un convenio entre el Mininter y el Ministerio de Trabajo para “combatir la violencia en el sector Construcción” que, por supuesto, quedó solo en una deslucida foto de los titulares de ambas carteras dándose la mano.
Este hecho de sangre no puede quedar impune, como sí están quedando los homicidios de líderes indígenas –ya van casi 40 desaparecidos– que se enfrentan, principalmente en regiones amazónicas, a la tala y la minería ilegal. Y así como en zonas apartadas de los principales centros urbanos del país se multiplican las llamadas ‘tierras de nadie’, en Lima el Estado parece haber renunciado a proteger a sus ciudadanos de los embates de la delincuencia.
Si no pueden siquiera capturar al prófugo más visible del país, la pregunta es ¿cuánta sangre se necesita para que en el Mininter se den cuenta de cuál es la prioridad del país en estos momentos?
