Impulso necesario

El decreto de urgencia para reactivar las obras públicas paralizadas que acaba de dar el gobierno puede resultar muy positivo para la economía, pues, en lo que va del año, el rango de ejecución de estas inversiones, sea por el clima político previo a la disolución del Congreso de la República o por la propia incompetencia de las autoridades nacionales y regionales, es a todas luces pobrísimo.

Es, en efecto, alarmante que se registren 867 obras regionales y nacionales paralizadas, cifra que incluso podría escalar a 6,000 si se consideran las que corresponden a los distintos municipios del país. El DU fija, además, plazos para que el Poder Judicial resuelva controversias entre el Estado y los contratistas y, si fuera necesario, se convoque a nuevas licitaciones sobre la marcha para que se retomen los trabajos, en lo que representará todo un reto para la funesta tramitología, que tiene en juzgados y malos arbitrajes uno de sus principales lastres operativos.

Este régimen excepcional es el resultado de una iniciativa presentada por la Contraloría al disuelto Congreso –que este, desde luego, encarpetó sin siquiera haber revisado su contenido– y que el presidente Vizcarra anunció como prioritario desde el día mismo de la juramentación del nuevo gabinete.

Es posible que políticamente la medida sea interpretada como una movida del gobierno para cerrar el año con algunos logros positivos, al menos en cuanto a “obras”, pero, sin desmedro de ello, igualmente se estará poniendo fin a una larga desatención a necesidades concretas de infraestructura y acceso a servicios públicos –congeladas, desde los últimos comicios, por el inacabable enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo–, que impactarán en la vida de los peruanos un poco más allá del horizonte inmediato; es decir, por mucho que se prioricen los proyectos más avanzados, su efecto en la población será más duradero y mejor apreciado a mediano y largo plazo.

Lo que está por verse es cuántos municipios y gobiernos regionales, que recibirán prácticamente la mitad de los recursos con que se impulsará la iniciativa –algunos de ellos tienen prioridades ajenas a este tipo de beneficios, debido a su dedicación exclusiva a la protesta social–, acatarán los plazos y compromisos que el decreto establece.