La noche del martes, en Apurímac, se produjeron dos nuevos atentados incendiarios contra la minería formal, dañando severamente las infraestructuras de los campamentos, oficinas y buen número de maquinarias.
El primero, en Las Bambas, atribuido a un grupo de intransigentes y desadaptados comuneros que luego de casi 50 días de violenta protesta se resisten a deponer sus medidas de fuerza y a retirarse de los terrenos de la minera. Como se sabe, sus dirigentes, bajo distintos pretextos, se han negado reiteradamente a sentarse a dialogar con el Gobierno y la empresa al exigir como condición previa que se levante el estado de emergencia.
El segundo ataque fue contra una excavación de la Southern Perú Copper Corporation, orquestado –según la empresa– por unas 300 personas, entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales contra el proyecto planificado Los Chancas, situado en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes.
Y una vez más, el Gobierno parece estar en Babia en cuanto al manejo de los conflictos sociales en el interior del país que, en distintas escalas, no dejan de multiplicarse región a región. Actualmente, son 209 conflictos en todo el territorio patrio, el 63% de ellos de origen medioambiental, según la Defensoría del Pueblo.
Como hemos señalado en distintas oportunidades, esta inacción para desactivar las protestas, que suelen desarrollarse entre bloqueos de carreteras y actos vandálicos, ya le está pasando factura a los peruanos. Nos referimos a la ostensible pérdida de miles de puestos de trabajo, una menor recaudación de tributos para las regiones y caída del PBI. No olvidemos que la minería representa el 60% de nuestras exportaciones.
Esto, muy aparte de los cuantiosos daños a la propiedad privada y al medio ambiente, que se suman a los innecesarios riesgos que la agresividad de los revoltosos hace correr a sus familias y a los miembros de las fuerzas de seguridad.
Es evidente que una de las causas de este costoso desgobierno es la nula credibilidad de un presidente de la República sin autoridad moral y con una imagen pública tan mellada que exigirle liderazgo y decisiones claras es, a estas alturas, como pedirle peras al olmo. La situación empeora día a día, la violencia se enquista y el país sigue a la deriva. ¿Hasta cuándo, señor Castillo?