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Es difícil encontrar situaciones similares al papelón hecho por el gobierno con relación al tratado de extradición con Francia. Aduciendo una supuesta falta de reciprocidad en los términos de dicho acuerdo, el premier Cateriano, acompañado de un silencioso ministro de Justicia, detalló las razones para la no ratificación. Es cierto que lo hizo con cierta irritación, pero detenidamente.

Mencionó, por ejemplo, la facultad constitucional del presidente de dirigir la política exterior del Estado. Y añadió, muy suelto de huesos, que quienes negociaron el tratado "eran otras personas". ¿No deberían ser las relaciones exteriores del país una política de Estado inalterable, independien de las personas a cargo?

La explicación no resultó satisfactoria para la opinión pública. Tampoco para la oposición en el Congreso, que de inmediato citó a Cateriano y a la canciller Sánchez a una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Vale la pena señalar que el Pleno del Legislativo había aprobado el texto del tratado, tal como lo recibió del Ejecutivo: sin modificación alguna.

Como es natural en un ambiente con sobredosis de suspicacia, algunos pensaron (y varios lo dijeron en voz alta) que, a siete meses del término de su mandato, Humala buscaba refugio seguro para él o algún miembro de su familia. Pero no hay tal.

En realidad, se trata de un pequeño equívoco sin importancia. Luego de una minuciosa revisión (el tratado se viene negociando desde el 2008), los especialistas determinaron que la falta de reciprocidad había desaparecido y Cateriano, sin ruborizarse, se presentó en el Congreso para negar lo que había sostenido 48 horas antes.

Total, los retrocesos ante la protesta de la ciudadanía y de la prensa han sido una de las características más saltantes de este régimen.

Habrá que mantener la actitud vigilante en estos meses para que no nos den gato por liebre.

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