Esta semana el presidente Martín Vizcarra y su primer ministro presentaron una serie de decretos de urgencia como parte de su “plan de gobierno”. Si bien el grosso de estas propuestas carece de sustancia, hay dos que levantaron polémica y provocaron una bataola en las redes sociales.
El primero de ellos fue el decreto de urgencia respecto a las fusiones empresariales. El Ejecutivo busca implementar un mecanismo previo a cualquier operación de absorción, para poder velar por la competitividad del mercado. A primera vista, esto no es ni bueno ni malo, pero puede llegar a serlo bajo excusas poco fundamentadas.
Nuestras industrias nacionales son bastante irrelevantes en cuanto de tamaño, por lo que su capacidad de competir en el escenario regional, ni que decir del internacional, es ya de por sí bastante difícil. Hay quienes dicen que este decreto dificultará la capacidad de las empresas peruanas para cobrar relevancia, y por ende hacerlas poco competitivas, y puede que estén en lo correcto.
Pero debemos ser consecuentes, ¿por qué nos obsesionamos en que el Estado sea pequeño y moderado y no los hacemos con corporaciones y empresas? ¿A caso algunos son libertarios con lo público pero no con lo privado? Nada ni nadie puede ser tan grande como para amenazar la estabilidad de la economía, ya sea el Estado o el quiosco de la esquina.
Empresas como ExxonMobil, Chveron, Bp y Marathon se constituyeron gracias a que el Gobierno de los EE.UU. rompió en pedazos Standard Oil, que operaba como un monopolio en la industria del petróleo. Lo mismo con AT&T, la famosa empresa de comunicaciones americana, que también fue obligada desgajare de parte de sus negocios, lo que eventualmente resultó en un incremento de la competencia y con el tiempo en la aparición de uno de sus rivales, Verizon.
Por supuesto, en el Perú no tenemos casos parecidos como los mencionados, pero puede que algún día nos veamos en aquellas situaciones y es mejor contar con mecanismos previos que puedan impedir la consolidación de monopolios. Sin embargo, en un país como el nuestro las leyes y decretos suelen terminar usándose para abusar, por lo que debemos ser extremadamente vigilantes.
Por otra parte está el decreto de los genéricos. Las propias deficiencias del Estado a la hora de ejecutar su presupuesto en el rubro de salud, y su falta de capacidad para poner en marcha una logística eficiente de distribución de fármacos hacia las farmacias públicas, parece que ha derivado en obligar a boticas privadas a vender genéricos.
Los defensores de esta propuesta se refugian en que el mercado de boticas en el Perú está concentrado y que se trataría de un monopolio. A pesar de que, en efecto, una empresa controla muchas de las cadenas comerciales de farmacias, la gran mayoría de boticas a nivel nacional son negocios independientes, fuera del espectro corporativo.
Obligar a entidades privadas a vender ciertos productos, cuando no configuran un óbice hacia la libre competencia, establece un precedente peligroso que podría volver a utilizarse indiscriminadamente. En este caso, si las boticas independientes concluyen que hay negocio en vender genéricos lo harán y obtendrán una mayor cuota de mercado, lo que a su vez podría impulsar a las cadenas de farmacias corporativas a vender estos productos.
La incapacidad del Estado no debería resultar en imposiciones y amenazas hacia el sector privado, máxime cuando viene propiciada por una mala ejecución de su presupuesto y falta de organización.
Es saludable tener estos debates en la esfera pública, pues enriquecen el intercambio de ideas y permite tender puentes hacia otras orillas. El Gobierno no ha propuesto mucho con este paquete de decretos, pero ha originado un intercambio interesante de puntos de vista que no hacen mal al debate público.