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Todos los gobiernos han caído en la misma tentación: la de intentar encontrar –no importa qué ni cómo– algo muy "grande y sólido" para enjuiciar –y si es encarcelar, mejor– al presidente o a los ministros anteriores, sacándolos, además, de la carrera política a través de la inhabilitación. Todos los presidentes de las últimas dos décadas han tenido su "sabueso" en el Congreso, a quien le han encargado la tarea de encontrar cualquier cosa para desprestigiar o enlodar al antecesor (en el "peor" de los casos) o inhabilitarlo y enjuiciarlo (en el "mejor" de los escenarios).
No sabemos si cada presidente es consciente de que lo mismo que él hace se lo harán, o es que cree que, lograda su venganza y vencido su mandato, no habrá forma de que le encuentren nada. Pero lo cierto es que, a pesar del escándalo que cada investigación trae consigo y del encarnizado enfrentamiento político, lo siguen haciendo.
La fiscalización a la gestión anterior tiene que existir (si los hechos o los indicios lo ameritan) acompañada por una investigación profesionalmente hecha e imparcial. Caiga quien caiga, los congresistas fiscalizadores tienen que cumplir bien su trabajo, evitando la posibilidad de que los delitos queden impunes o que se cometan injusticias o venganzas políticas. Pero esto no sucede en el Perú.
Mientras los "sabuesos" de este tipo sigan existiendo, la fiscalización y la investigación congresal –y la política en general– seguirá enlodada, quizás más desprestigiada que los investigados.