Congreso, hora cero

Presentada ya la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo por delitos de corrupción y organización criminal, queda ahora en manos del Congreso que esta avance y encuentre el consenso necesario para que llegue al Pleno con una recomendación de suspensión de las funciones del mandatario.

Una suspensión que se hace más necesaria que nunca, no solo para que la Fiscalía pueda continuar avanzando con el caso, robustecido con pruebas que día a día ganan mayor solidez, sino para que los actos de obstrucción a la justicia cesen de una buena vez.

Maniobras que se ven a diario, como el hostigamiento del Ejecutivo al equipo especial de la Fiscalía y de la Policía, o los recortes de presupuesto a las dependencias de estos funcionarios. Sin mencionar, desde luego, el hostigamiento a la prensa independiente, que, así como difunde los hallazgos de los agentes de la justicia, ha destapado también un buen número de episodios de corrupción gubernamental.

Pero uno de los obstáculos que tendrán que sortearse en el Congreso para alcanzar un acuerdo que beneficie al país es la presencia de los ‘Niños’, tanto los de Acción Popular como los de otras bancadas. Un contingente de malos representantes parlamentarios que, según la denuncia fiscal, han sido favorecidos por el gobierno con obras, designaciones, contratos y demás.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por ejemplo, que tendrá a cargo la calificación de la denuncia constitucional, la integran tres personajes sindicados como miembros de los ‘Niños’ acciopopulistas. ¿Cómo podrían ellos analizar o resolver el tema de manera imparcial si están mencionados en la denuncia sobre la red criminal presuntamente dirigida desde Palacio? Serían juez y parte…

Urge, por ello, que las fuerzas democráticas o sus propias bancadas los insten a que se inhiban en este caso o que sean reemplazados por otros parlamentarios. De otro modo, este poder del Estado se verá envuelto en un nuevo escándalo y habrá contribuido otra vez a que el desgobierno se prolongue.

No es momento para detenerse a hacer cálculos políticos, salvaguardar objetivos cortoplacistas o intereses particulares: el Congreso debe actuar de inmediato. El país lo está observando.