(GEC)
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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, está honrando su elevado y estratégico cargo. La Fiscalía de la Nación necesitaba volver a gravitar decisivamente sobre casos de corrupción que de otra manera podrían quedar impunes. Y vaya que mucha falta le hacía al país un Ministerio Público que, haciendo uso de su autonomía, pudiera echarse a trabajar limpiamente para extirpar esa lacra social, poniendo a los malos funcionarios en manos de la justicia.

En los últimos días, la fiscal ha formulado fundadas acusaciones constitucionales por delitos de corrupción a personajes de distintas tiendas políticas, a saber, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), y los disueltos congresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Jorge Castro Bravo (ex Frente Amplio) y Daniel Salaverry (ex Fuerza Popular).

Y eso en cuanto a políticos, porque también ha denunciado constitucionalmente a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, al prófugo exfiscal supremo José Hinostroza y a Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, antiguos miembros del liquidado Consejo Nacional de la Magistratura. A todos ellos se les vincula con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que penetró el sistema nacional de justicia hasta sus más altas esferas.

El propio Pedro Cateriano, primer ministro del recién instalado gabinete, se encuentra, asimismo, en la mira de la Fiscalía, ya que Perú21 pudo confirmar que la investigación que se le abrió por una compra de helicópteros rusos durante el gobierno de Ollanta Humala, lejos de haberse archivado, mantiene su curso.

Tenemos, pues, en Zoraida Ávalos, a una valerosa fiscal de la Nación que honra su mandato y no ha dejado de trabajar en favor del país y la rectitud de su institución. Rigor profesional que merece resaltarse, pero, que más allá de ello, debe contar con todo el apoyo de la ciudadanía.

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