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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

En el Perú tenemos un exceso de normas promulgadas, pero un severo déficit de normas aplicadas. A los políticos les encanta dar normas, porque esto genera la sensación de que "algo se está haciendo". Sin embargo, casi nunca consideran el nivel de cumplimiento de las reglas que nuestras instituciones logran. Lo contrario suele ocurrir. Se da una norma, su incumplimiento no se detecta o no se sanciona, y luego viene otro político y propone cambiarlas (sin saber si lo anterior pudo haber funcionado). En la campaña esto viene ocurriendo con varias reformas que Keiko Fujimori ha propuesto revertir: el 24x24, la Ley Servir y el régimen de formalización de la minería informal.

Algo similar ocurre a nivel de las normas ambientales, laborales, de consumo o tributarias (regulaciones), donde los ciudadanos necesitamos cambiar el chip para promover un cambio en los políticos. El OEFA, por ejemplo, ha puesto en marcha un novedoso enfoque, que ojalá pudieran reproducir instituciones más centradas en la sanción que en la prevención, como Sunat. Este busca detectar más infracciones, generando incentivos para reportarlas y subsanarlas, a fin de que los daños al medio ambiente se reparen más rápido. En el caso de las infracciones moderadas o significativas (no así en las graves), las propias empresas pueden hoy alertar al OEFA y proponer una medida para remediar el daño, lo cual puede reducir y hasta eliminar la sanción, siempre que no se incumpla la medida de remediación aprobada.

Mucha gente ve estos incentivos como una forma de "impunidad". Esa crítica, sin embargo, pierde de vista que el principal objetivo de política pública es fomentar que se incremente el cumplimiento de las normas (no imponer una sanción). Si no nos damos cuenta de ello, seguiremos alimentando el mismo círculo vicioso: nuevas normas que no logran aplicarse y generan un "río revuelto" para que los políticos sigan "pescando".

*En coautoría con Mario Zúñiga.