Mirar las relaciones público-privadas como una "lucha de clases" aún es moneda corriente en el Perú.
Lo vemos en muchos ámbitos, incluyendo la defensa del consumidor, en la que urge llegar a acuerdos. Todos deberíamos estar de acuerdo en que existe una brecha informativa entre quienes producen y consumen productos con riesgos (alcohol, tabaco, alimentos "altos en…"), y también en que se necesita que el Estado intervenga para reducirla.
En lo que no hay consenso es en si debe recurrirse a más regulaciones o a una mejor fiscalización/monitoreo.
Muchos defensores del consumidor equiparan progresos con más regulaciones, a pesar de que muchas veces estas no se aplican y solo sirven para generar la falsa sensación de que algo se está haciendo.
De otro lado, cada vez que he preguntado a nuestras autoridades acerca de la fiscalización y el monitoreo, me responden que no tienen información disponible. Sin embargo, una encuesta ahora disponible en la web de la Organización Mundial de la Salud sobre el control del tabaco permite conocer, en palabras del propio Minsa (2012 y 2014), que este ministerio no tiene datos sobre la exposición al humo; no cuenta con una unidad de control ni coordinación intersectorial; no realiza vigilancia de los determinantes y consecuencias del consumo; menos aún vigila indicadores sociales y económicos; y, aunque parezca increíble, tampoco monitorea los precios.
Basta mirar las respuestas de Chile para advertir que nuestro Estado no está cumpliendo su papel (y algo parecido debe de estar ocurriendo con los otros productos asociados a riesgos).
Un nuevo consenso en esta área debe ser que, sin fiscalización y monitoreo con eficacia, al menos intermedia, es absurdo cambiar o escalar las regulaciones, pues simplemente no sabremos si las actuales funcionan.
fernando.caceres@respeto.pe