El 24 de junio, el presidente Martín Vizcarra, les dio un ultimátum a las clínicas: tenían 48 horas para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional respecto a la tarifa social o serían expropiadas. “Pensando en la salud, en la vida (…) invocaremos el artículo número 70 de la Constitución”. Ante el anuncio, las salvas virtuales no se hicieron esperar, como tampoco las furibundas acusaciones al presidente, y a algunos de sus ministros, de comunistas.
Muchos países desarrollados tomaron control rápidamente de sus clínicas privadas al comienzo de esta pandemia, utilizando sus activos y recursos para mitigar la crisis. En el caso de España, su constitución contempla este accionar bajo el Estado de Alarma, lo que hizo de este proceso uno suave, rápido y fuera de todo cuestionamiento.
Naturalmente, bajo un estado de excepción como en el caso peruano o el español, las fuerzas del mercado se suspenden y se requiere maximizar la eficiencia de todos los recursos del país. Si nuestro gobierno considera, por ejemplo, que una prueba virológica, que escasea en los mercados internacionales, solo sea aplicada a personas con ciertos síntomas, un laboratorio privado no debería aplicársela a una persona que no cumpla dichos criterios, pues aquello podría tener repercusiones negativas sobre toda la población.
Desde el día uno, el Gobierno no presionó a las clínicas privadas porque, en el fondo, sabía que cualquier pacto al que se podría llegar no sería la panacea para resolver el problema de la pésima cobertura de Essalud o del SIS. Las clínicas privadas representan el 5% del sistema de salud nacional y no darían abasto para aliviar el sistema público de salud.
A principios del mes de mayo, sin embargo, familias que no contaban con un seguro privado se vieron obligadas a hipotecar sus sueños para salvarle la vida a sus familiares. La indignación y la impotencia de muchos comenzó a arreciar a través de las redes sociales, hasta que finalmente llegó a Palacio.
Nada de esto tendría que haber ocurrido. Aunque nuestra carta magna no recoge explícitamente, como en el caso español, la posibilidad de tomar control de los factores productivos de un país en una crisis, sí lo estipula el artículo 82 de la Ley General de la Salud. De esta forma, el Gobierno se encargaría de la administración de las clínicas privadas mientras durase la emergencia. Puede que esta realidad le disguste a cierta gente, pero es perfectamente posible y legal.
La decisión del presidente de invocar el artículo 70 de la Constitución en vez de recurrir al artículo 82 de la Ley General de la Salud era excesiva, innecesaria, populista y concebida, creo yo, a partir de cálculos políticos. Para expropiarlas, el Ejecutivo primero necesitaría la aprobación del Congreso y después se tendrían que tasar los activos y el patrimonio de las clínicas privadas, para llegar a un justiprecio (supuestamente justo) que todos los contribuyentes terminaríamos pagando. En pocas palabras, el Gobierno hubiese comprado cuatro edificios bonitos en San Isidro y Miraflores que finalmente terminaría absorbiendo el sistema de salud.
Ese mismo miércoles 24 de junio, por la noche, el Gobierno y las clínicas llegaron a un acuerdo: un monto fijo de S/55.000 por paciente. ¿Fue esta la mejor decisión? Se tendrá que hacer un estudio acerca de cuanto paga en promedio el Estado por paciente UCI y compararlo tomando en cuenta las casuísticas de cada caso.
En un país en el que se ofrece un sistema sanitario de carácter universal, que además se financia a través de los impuestos de todos, la salud pública no debería ser la “segunda opción” o la “alternativa”. El problema es que nuestras élites están tan despegadas de la realidad, que ven a los hospitales públicos con desdén y poca importancia.
El farol presidencial funcionó, pero ensanchó el cisma que ya divide al país. El tipo de expropiación que describe la Constitución no fue ideado para momentos de emergencias, sino para procesos donde se requiere tiempo y un análisis profundo para beneficiar a todas las partes. El presidente lo sabía perfectamente.