Por pura terquedad, al fiscal Pérez se le cayó el cargo de obstrucción criminal en el caso Cocteles, que volvió a fojas cero al no haberle entregado esta investigación a otro fiscal, pues él no podía llevar esta pesquisa por ser parte involucrada. Otro cargo que caería pronto es aquel de falsa declaración en proceso administrativo con falsedad genérica, porque ya prescribiría. Quedarían solo, entonces, dos cargos vigentes, uno es lavado de activos. Como ya se ha advertido, este cargo es un disparate básicamente por dos razones:
- El argumento principal en contra es que NO EXISTÍA ese delito años atrás por aporte ilegal en campaña política al momento de darse el dinero. Se le consideraba solo una falta administrativa. ¡Así de simple!
- No menos relevante es que la lógica del lavado de activos consiste en que el beneficiario te da el dinero “sucio” o “maculado” (como huachafamente lo llama el juez San Martín) para que le des vueltas en la economía legal (“lavarlo”) y devolvérselo luego, así, “limpio” al que te lo entregó (que naturalmente te paga por esa labor), a fin de que este pueda gastarlo lícitamente. ¿Dónde está el “lavado” en el caso Cocteles y otros similares si ese dinero nunca fue devuelto y encima fue gastado más bien por el presunto “lavador”?
Quedaría solo el cargo de “organización criminal”. Es obvio que este cargo no se sostiene si ya no hay lavado de activos porque ya no existiría aquí un delito que justifique la razón de ser de la organización criminal. Pero, además, los recientes —y pertinentes cambios— que se le han dado a este delito también lo evaporan. No ha existido “una estructura compleja y estable” (¿un partido político?) con “roles correlacionados entre sí” (cabecilla, tesorero, mandos intermedios, etc.) que hayan tenido por finalidad “obtener el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. ¡De qué “cadena de valor” hablamos en tan solo plata recolectada y gastada en una campaña electoral!
