Pedro Castillo y su amigo Juan Silva. (Foto: Presidencia)
Pedro Castillo y su amigo Juan Silva. (Foto: Presidencia)

Resulta insólito, por decir lo menos, que tengamos a tres personajes estrechamente vinculados al Gobierno en calidad de fugitivos. Y que hasta la fecha no se haya identificado a ningún responsable político o cómplice directo de la facilidad con que lograron ponerse a “buen recaudo”, como eufemísticamente dicen ahora los abogados cuando sus clientes se convierten en prófugos de la justicia.

Ahora entiende la ciudadanía que, justo cuando el excomandante general de la PNP Vicente Tiburcio hacía esfuerzos para ubicar y capturar a Bruno Pacheco y al sobrinísimo Fray Vásquez Castillo, fuera echado de su puesto por el presidente Castillo, apenas cuatro meses después haberlo asumido. ¿Estaban buscando entonces a un jefe policial a la medida de la coyuntura? ¿Digamos que ‘untable’ o ‘amigable’?

¿No tiene nada que decir el actual ministro del Interior, aparte de una declaración circunstancial reconociendo el escape de Silva? ¿Ni siquiera unas disculpas al país por una negligencia tan grotesca, prácticamente en las narices de las fuerzas de seguridad? ¿O anunciando su renuncia como responsable político de la huida? Quien también debería dimitir o ser echado, por cierto, es el jefe de la Policía. ¿Y el Congreso? Tan empecinado en su defensa de las universidades bamba, el empobrecimiento del currículo escolar o en subirse al carro de los colectiveros informales, ¿tampoco expresa una protesta enérgica o propone su propia investigación, más allá de declaraciones sueltas de algunos de sus miembros?

Esta fuga, señores, es un verdadero escándalo, el enésimo en este Gobierno. Porque el exministro Silva es lo que se conoce como un pez gordo. Un personaje al que hasta se le venía ‘videovigilando’ de cerca desde el 27 de mayo, a pedido directo del Fiscal de la Nación, debido a su implicación en una cadena de actividades ilícitas desde que fuera designado ministro de Transportes y Comunicaciones. Y pieza clave, según las pesquisas fiscales y el testimonio de los testigos, de una presunta red criminal enquistada en la administración pública que sería manejada desde Palacio.

Ni en un juego de niños se escurriría, así, de las manos de sus ‘celadores’, un sujeto tan notorio y al que supuestamente tenían bajo vigilancia día y noche. Es decir, una nueva burla al país.

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