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Alfredo Ferrero
Alfredo Ferrero

En el Perú, las empresas del Estado han ocasionado millonarios déficits y una declaración aspiracional del ministro de Justicia sobre una línea área de bandera alertaron el escenario.

El Estado Empresario es una figura no contemplada por nuestra Constitución. El Estado no debe asignar sus ya escasos recursos a participar y competir en actividades que son atendidas por el sector privado. El Art. 60 de la Constitución define el rol subsidiario del Estado justificando la actividad empresarial solo para casos de interés público o conveniencia nacional. El Estado ha demostrado ser ineficiente en el funcionamiento y organización, empresas públicas (EP) suelen utilizarse políticamente por el gobierno de turno, fungiendo como agencia de empleos.

La evidencia numérica indica que las EP no son rentables (o tienen bajo nivel de rentabilidad); con una larga brecha de eficiencia respecto a las privadas, no tienen incentivos para ser eficientes. Estas pérdidas se cubren con impuestos de todos, recursos que podrían usarse en escuelas, hospitales y seguridad. El país no está en condiciones de distraer recursos de esa forma, el Estado no tiene capacidad institucional para gestionar una EP en forma eficiente.

En gobiernos militares 60-70 aumentaron las EP en varios sectores. En 1977 teníamos 174, muchas asociadas a inflación, pérdidas, corrupción. La privatización a inicios de los 90, al amparo de la Constitución vigente, permitió aumentar la inversión privada, el crecimiento económico y rediseño del rol del Estado, que no es el de ser empresario, arriesgando recursos públicos (cualquier aventura empresarial implica asumir riesgos). No debemos volver al pasado, como postulan algunos grupos de izquierda.

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