La izquierda radical, con ayuda del fujimorismo, boicoteó el adelanto de elecciones al 2024 que logró 94 votos. Al final, el país se quedó sin adelanto de elecciones el 2024 y, posiblemente, el 2023.
Era previsible que la izquierda sabotearía el adelanto, como menciono en mi anterior columna, dado que el caos es la oportunidad perfecta para impulsar una constituyente. Mientras tanto, la derecha quedó divida entre quienes buscan un adelanto en 2024 con reformas; otros, el adelanto el 2023, y Jorge Montoya que se inclina por quedarse hasta 2026.
En la actualidad, no hay votos para hacer reformas constitucionales, así que de nada servirá esperar hasta 2024. Pero las reformas que sí se pueden hacer y no necesitan 87 votos son electorales. Primero, no obligar a que los partidos postulen es fundamental. En 2021, varios partidos sin cuadros se vieron obligados a presentarse con cualquier candidato (Perú Libre) con tal de no perder la inscripción. En una situación de crisis como la actual, es un incentivo perverso mantener esa ley.
Por otra parte, tampoco se debe exigir un mínimo de tiempo como militante de un partido para poder postular. En el Perú, la sociedad es apartidaría y muchos independientes calificados quedarían fuera si se aplica esa ley.
En el Legislativo se ha propuesto un adelanto de elecciones generales, pero para que los nuevos congresistas y presidente, elegidos en 2023, culminen el periodo actual en 2026. Aquello es un error, dado que, tener un presidente y Congreso transitorios significa mantener al país en una transición e incertidumbre permanentes que ahuyentará inversiones y afectará al bolsillo de todos los peruanos. Las elecciones deben ser en 2023 para un nuevo mandato presidencial y congresal, y sin Asamblea Constituyente.