Editorial: No empujen

El proceso electoral debe culminar de una manera transparente y ello ocurrirá solo cuando terminen de resolver todas las actas impugnadas en los plazos previstos, que en el caso de las nulidades era de tres días (es decir, hasta las 11 y 59 p.m. del día 9 de junio); no la interpretación antojadiza de dos días y 20 horas, con lo cual decenas de recursos en los que se alegaban irregularidades quedaron fuera del plazo de admisión.

Pero lo cierto es que hasta el día de ayer todas las apelaciones de Fuerza Popular han sido revisadas y declaradas infundadas. Sin embargo, nada de ello nos debería llevar a cerrar el proceso de manera precipitada; más aún cuando la parte denunciante y uno de los magistrados –el declinante Luis Arce–alegan que, pese a lo público de las audiencias, el tribunal no se está deteniendo a analizar a fondo la “verdad electoral”, quedándose, en cambio, en las formas y la validez del voto.

Con un margen tan estrecho de diferencia en la votación, la prioridad es que el JNE emita un veredicto claro, convincente y que no le reste credibilidad al resultado y, por lo tanto, a la investidura presidencial. Las idas y venidas en el máximo organismo electoral del país han hecho ya mucho daño al proceso y hasta ha dado pábulo a indeseables especulaciones golpistas de parte de grupos ultramontanos, que no han dudado en llevar agua para los molinos del extremismo ante la sucesión de incidentes en la contabilización de votos como en el tratamiento de las respectivas impugnaciones.

Sea quien sea proclamado ganador de los comicios, tendrá que asumir una victoria en apretada pero buena lid, con todas las de la ley, como suele decirse: no a punta de empujones. De ello dependerá no solo la legitimidad de su mandato, sino la solidez y el futuro de la democracia peruana.