Después de las elecciones de 2016, el investigado por tráfico de drogas Miguel Arévalo Ramírez (a) ‘Eteco’ demandó por más de 600 millones de dólares a un grupo de periodistas que, en el marco del proceso electoral, mencionamos su relación familiar con Joaquín Ramírez Gamarra, entonces secretario de Fuerza Popular, y con el alcalde de Tocache, David Bazán Arévalo (a) ‘Wicapa’.
Ayer, Perú21 informó la decisión de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de reactivar el proceso de investigación por narcotráfico, lavado de activos y colaboración con el terrorismo contra la banda encabezada por Miguel Arévalo Ramírez (a) ‘Eteco’, actualmente no habido por la justicia peruana. La Fiscalía tiene audios y fotografías que vinculan a Arévalo Ramírez con los cárteles de Cali y Sinaloa y está en condiciones de probar que el ‘Eteco’ le enviaba cargamentos al mismísimo ‘Chapo’ Guzmán.
Desde 2010, el Ministerio Público abrió distintas investigaciones contra Arévalo y su clan, pero, sospechosamente, esas investigaciones se archivaron una a una en Tocache y en Lima, mientras el poder de esa mafia crecía.
En el camino, el primo y socio del ‘Eteco’, David Bazán Arévalo, se convirtió en el todopoderoso alcalde de Tocache, gozando de gran influencia en el quehacer político de la región San Martín. Bazán se encuentra ahora detenido por colaborar con el senderista (a) ‘Artemio’ en el asesinato de tres policías y del fiscal Arturo Campos, quien en 2007 investigaba el caso Madre Mía y el narcotráfico en su región.
Durante dos años y medio, los periodistas que los señalamos enfrentamos sus denuncias por difamación en los tribunales y tuvimos que defendernos del poder y el dinero con el que contaban sus abogados.
Sin embargo, la familia Arévalo Ramírez no es la única que ha usado el dinero de sus negocios ilícitos para hacer política en su región y en el país. En Huancavelica, en lo que se conoce como el corredor del narcotráfico del Vraem, la familia Común Gavilán ha copado municipios claves. Su movimiento regional Trabajando para Todos gobierna seis distritos y dos provincias: Juan Carlos Común Gavilán es el alcalde provincial de Tayacaja, su hermana Nelfa es la alcaldesa distrital de Surcubamba y su primo Raydo Gavilán Tello ocupa la municipalidad del distrito de Tintay Puncu.
El año pasado, la Fiscalía que investiga lavado de activos en Huancavelica abrió investigación preliminar contra Juan Carlos, Nelfa y otros de sus familiares, la pesquisa comenzó en 2010 cuando secuestraron a Navio Común Gavilán, hermano de las actuales autoridades ediles. Ante el fiscal de la zona, Juan Carlos Común Gavilán declaró que le exigieron un millón y medio de soles para liberar a su hermano Navio, pero dijo que solo hizo un primer pago de 100 mil y otro de 28 mil.
Cuando la Policía capturó al secuestrador, el delincuente admitió que había recibido los 128 mil soles, pero dijo también que Juan Carlos Común no le pudo pagar más porque, de hacerlo, lo hubieran investigado por lavado de activos; en cambio, comentó, le ofreció trabajo transportando droga de Surcubamba a Huancayo.
El narcotráfico está infiltrado en la política desde hace varios años. Sus representantes querrán entrar al próximo Parlamento. Las elecciones generales del próximo año no pueden sorprendernos. Los partidos políticos deben hacerse responsables por todos y cada uno de los integrantes de sus listas al Congreso. El Perú es el segundo exportador de cocaína en el mundo, nadie debe obviar semejante realidad.