Contrariamente al dicho popular, que dice que “el muerto se hace pesado cuando no hay quién lo cargue”, los cálculos a priori, respecto al espaldarazo de los que cortan el jamón en el Congreso de la República, el gobierno de Dina Boluarte se mantendría en su cargo hasta julio de 2026, simple y llanamente porque para su vacancia se requiere de votación calificada, esto es 87 votos del total de 130 parlamentarios y ella lo sabe bien.
Los compañeros de ruta, cada cual con sus propios intereses, Ejecutivo y Legislativo, sobrellevarán sus cargas los unos de los otros, hasta que sean reemplazados por las autoridades electas en las próximas Elecciones Generales.
Sin embargo, el Ejecutivo habrá de sortear las protestas sociales por la alta desaprobación de la gestión gubernamental, siendo su prueba de fuego los días que se celebrará en el Perú las sesiones del foro APEC 2024, durante los cuales, ante el malestar popular por la inseguridad ciudadana y otros descontentos, materializados en marchas, esta columnista hace votos por la proporcionalidad de parte del Gobierno en el manejo del estallido social, con cero costo de vidas humanas, lo que corresponde a una democracia.
Sin embargo, la jefa del Estado no debe cantar victoria, todo este desaguisado de la ubicación del ‘cofre’ (movilidad de la alta funcionaria) en un balneario de Lima a inicios de año, donde se presumía la ubicación del presidente fundador de Perú Libre requerido por la justicia, son hechos por demás harto delicados, de los cuales tendrá que dar cuenta cuando deje el cargo de mandataria del Perú. En cualquier escenario, donde haya verdadero balance de poderes públicos, la sola sindicación de que el poder político haya facilitado la fuga de un prófugo de la justicia, debe hacerle pasible mínimamente de suspensión en el cargo.
Hasta donde se conoce de las noticias, respecto a las unidades vehiculares de uso de Palacio de Gobierno, en el condominio donde se presume estuvo en el verano la presidenta Boluarte, con placas falsas, sin GPS, nos hace maliciar, en mi opinión, que estos vehículos sirvieron para trasladar clandestinamente a alguien u ocultar el encuentro de personajes o reunión, non sancta, que requerían estar fuera de los radares de los medios de comunicación, ocultamiento que contraviene la transparencia en la gestión pública.
El no autorizarse que los protagonistas (PNP) declaren ante el Congreso, respecto a este espinoso tema, acrecienta lo supuesto de la clandestinidad de la operación. Nada hay oculto que no haya de saberse, dice la Biblia, hay mucha tela por cortar en este asunto y más de uno que pisará sin duda la cárcel. Y los partidos políticos con bancadas en el Legislativo, que se bancan al muerto de este Gobierno. No vengan después a hacerse los suecos en las próximas elecciones; silbaron al cielo ante tanta irregularidad. La deslegitimidad política es compartida.
