En el Congreso, ese bastión de quienes perdieron la vergüenza, muchos saben que están de salida y promueven leyes que solo benefician sus propios intereses. Waldemar Cerrón —un gran exponente de la destrucción institucional— está bajo investigación, al igual que su hermano prófugo de la justicia. Sin embargo, utiliza al Poder Legislativo para invadir al sistema judicial. Propone que el cuestionado Congreso, con más de la mitad de legisladores con una colección de denuncias penales, sea el que fiscalice a jueces y fiscales; es decir, controlar a los magistrados que los investigan.
Cuando los parlamentarios buscan proteger sus propios intereses, dejan a los ciudadanos sin las leyes que realmente se necesitan. Hoy las leyes más urgentes tienen que ver con el crimen, pero el Congreso se afana en el inmoral afán por invadir al Poder Judicial. No solo se debilitan las instituciones y los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, sino que el impacto del descaro termina generando un halo de impunidad.
Hay quienes critican la audaz propuesta, otros minimizan la viabilidad de su aprobación y hay quienes piensan que es una cortina de humo o una distracción; sea lo que sea, es un globo de ensayo que no debe pasar desapercibido. Estamos ante un Parlamento en el cual lo inverosímil termina entre aplausos en el hemiciclo y muchos de sus integrantes parecen tener la consigna del “sálvese quien pueda” hasta 2026.
Mientras tanto, el urgente tema de la inseguridad está abandonado. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las víctimas de la delincuencia aumentaron de manera dramática en el último año y no se trata de percepciones, sino de hechos consumados, lo que desmiente a más de un político, entre ellos, a uno de los principales responsables: el ministro del Interior.
El mismo estudio revela que, en muchas partes del país, las denuncias disminuyeron y no precisamente por la reducción de los delitos, sino porque muchos piensan que reportar el hecho es una pérdida de tiempo: las autoridades no hacen nada y los delincuentes siguen libres. Mientras tanto, un negocio, por pequeño que sea, hoy es blanco de robos o extorsiones.
La inseguridad es una amenaza que sigue creciendo a punta de balazos y víctimas ciudadanas, y se convierte, además, en uno de los grandes males que impide que la inversión privada se reactive para crecer económicamente como país. No podemos vacilar frente a las tropelías de algunos políticos que, en la recta final de su “gestión”, se enfocan en leyes para beneficiarse o para evitar sus responsabilidades. Es inaceptable que, mientras en cualquier esquina nos asalten, nos maten a mano armada, tengamos congresistas tan desconectados de la realidad y las necesidades de la población. Es hora de empezar a exigir rendición de cuentas antes de que el menoscabo a la nación sea insalvable.
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