En el año 1990, el Perú era un país quebrado. El Estado había perdido la facultad de actuar en favor de la colectividad. La hiperinflación pulverizaba los ingresos de los peruanos y el colapso de la actividad económica esfumó los ingresos fiscales, llevándolos por debajo del 4% del PBI, cifra insuficiente, inclusive, para pagar la planilla del sector público. El país estaba destruido.
Revertir esta dramática situación requirió la aplicación de medidas profundas y radicales, y convocar enormes niveles de inversión privada. En este contexto, el consumidor, es decir, el soberano de la economía de mercado, quedó excluido de las consideraciones económicas en aras de implementar un entorno económico que anime al gran capital a invertir y hacer negocios en el Perú.
Es en esa coyuntura que se aplica un programa de ajuste, basado en la rigurosidad fiscal y cero emisión monetaria. A la par, se ejecutó un paquete de reformas para mejorar la productividad y eficiencia de nuestra economía: reforma y apertura comercial, desregulación de la economía, promoción de inversiones, no discriminación a la inversión extranjera, estabilidad de contratos, esquemas de depreciación acelerada de activos, entre otras medidas más.
Es decir, que se fue plenamente consciente de que la prioridad era incrementar los niveles de inversión privada, así sea con la entrega de monopolios y mercados altamente concentrados en detrimento del empoderamiento del consumidor.
El gran ausente fue y sigue siendo el ciudadano, que, llevado al plano económico, es el consumidor. Así, como en un proceso electoral el elector es el soberano, en la economía de mercado el soberano es el consumidor, eje central y motivo principal de modelo económico.
El reto actual es empoderar al ciudadano con mercados de mayor competencia, menos concentrados, sin posibilidad de ejercer abuso de posición de dominio, reduciendo las barreras a la entrada a los mercados y fomentando la formalidad.
El eje central de la economía debe ser siempre el ciudadano. Así como cambios en la oferta son necesarios, también es vital mejorar la productividad de los peruanos. Ello solo es posible con más y mejor infraestructura, más y mejores escuelas y maestros, más y mejores prestaciones de salud por todo el Perú. Solo esto hará de los peruanos ciudadanos con alta productividad capaces de competir en la economía de mercado.
Para muchas de estas cosas será posible convocar el concurso entusiasta de la inversión privada; para todo lo demás (que no es poco), el Estado debe —al fin— desahuevarse y asumir sin timidez ni complejos el rol que la Constitución le faculta y confiere.
Economía popular de mercado con inversión privada, con inclusión y movilidad y sin privilegiados, teniendo siempre al ciudadano como eje central, es el camino para alcanzar la prosperidad, entendida en el sentido más amplio y completo de la palabra.