El arraigo de las economías ilegales

Los peruanos estamos acostumbrados a dividir el empleo entre formal e informal. Ya es tiempo de que empecemos a hablar de una tercera categoría: el empleo ilegal. La gran diferencia entre un trabajador informal –por ejemplo, un comerciante ambulante o algún artesano– es que, con la legislación adecuada y un incremento de su productividad, puede pasar a la formalidad. En cambio, quien se dedica a una actividad ilegal dañina a la sociedad no puede hacerlo.

En el mundo, las mayores economías ilegales son la falsificación y el narcotráfico. En el Perú, la minería ilegal ha pasado al primer lugar, seguida de la trata de personas, el narcotráfico, la tala ilegal y la extorsión, según el libro Las economías ilegales y su impacto en el Perú, de Carlos Basombrío, Ricardo Valdés y Dante Vera. Otras economías ilegales que también mueven millones de dólares anuales son el contrabando, la pesca negra, el tráfico de terrenos, la piratería, los préstamos ‘gota a gota’, las estafas, la falsificación y el tráfico de fauna silvestre.

En total, se estima que estas economías ilegales mueven más de 10 mil millones de dólares anuales, lo que representa entre cuatro y cinco puntos del PBI del Perú, y que a ella se dedican un millón de personas. Ello, sin contar con la corrupción, que, según la Contraloría General de la República, ocasiona pérdidas de más de 6,000 millones de dólares anuales. Solo que en este caso la inconducta beneficia económicamente a algunos malos funcionarios públicos y su efecto neto sobre la generación de empleos es negativo.

La estrella de las economías ilegales en el Perú es, sin duda, la explotación ilegal de oro. Según cálculos del Instituto Peruano de Economía, el volumen exportado de oro ilegal se multiplicó por siete entre 2005 y 2023, y el valor de las exportaciones de oro ilegal suma más de 4 mil millones de dólares anuales.

El daño ambiental de la minería ilegal de oro por el uso indiscriminado del mercurio y la deforestación es muy grave. En realidad, el ecosistema de la minería ilegal reúne una serie de actividades delictivas: invasión de terrenos, contrabando de mercurio, tala ilegal, contratación de bandas criminales para el control territorial, trata de personas y corrupción.

Según un estudio preparado por Ipsos para Perú21Foro, la minería ilegal es percibida como la segunda actividad con mayor influencia política después de la corrupción y la tercera más negativa después de la corrupción y el narcotráfico. Y, lo que es más preocupante, para el 9% de los encuestados, la minería ilegal tiene un impacto positivo en la economía nacional. Sin embargo, en la medida en que es una actividad focalizada en algunas zonas del país alejadas de las grandes ciudades, la mayoría no percibe su crecimiento acelerado. Las actividades que estarían creciendo más, para la opinión pública nacional, son la corrupción, la extorsión, los préstamos ‘gota a gota’, el tráfico de terrenos y la trata de personas.

¿Qué se puede hacer para enfrentar el avance de las economías ilegales y su creciente influencia política? En primer lugar, aceptar que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, no por mucho legislar se va a cambiar la realidad. Por el contrario, cuantos más trámites se exigen a una actividad formal, más difícil se hace su desarrollo y más espacio se deja para el crecimiento de la informalidad y la ilegalidad. En el caso de la minería, por ejemplo, el experto Iván Arenas comentaba en su columna en Perú21 que a la minería formal se le exigen ahora 265 trámites, 20 veces más que hace dos décadas. Algunos ambientalistas caen en el mismo error frente, por ejemplo, al desarrollo de la industria maderera. Solo con empresas privadas fuertes haciendo tala y reforestación comercial se puede combatir la deforestación que causa la tala ilegal.

En segundo lugar, se requiere desarrollar una estrategia seria para separar la minería informal de la minería ilegal. Rafael Belaunde Llosa, también columnista de Perú21, ha propuesto una mejor delimitación de las áreas intangibles, simplificación administrativa y mecanismos que promuevan acabar con las concesiones ociosas que impiden trabajar formalmente a muchos mineros artesanales, entre otras medidas. Pero también es necesario contar con una policía especializada en combatir la minería ilegal, calificada para hacer acciones de interdicción y monitorear la trazabilidad del oro para reducir su exportación ilegal.

En tercer lugar, ante la creciente actividad de bandas “multilatinas”, es necesario reforzar con tecnología y cooperación internacional los cuerpos especializados de la Policía Nacional dedicados a combatir el crimen organizado en sus diversas modalidades. Se requiere también avanzar en la exigencia de bancarización de más operaciones para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS pueda detectar mejor el lavado de activos. Por último, es necesario desarrollar y proteger un grupo de élite de jueces y fiscales para que puedan procesar adecuadamente a quienes estén acusados de este tipo de delitos. Nada es fácil, pero es imperativo.

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