Si en la cúspide del Poder Legislativo tenemos a un personaje al que las malas y no tan malas lenguas vinculan a la minería ilegal, queda claro que será poco lo que se podrá esperar de las leyes que ahí se impulsen. Y como en el Ejecutivo no van tan a la zaga, el famoso equilibrio de poderes ha derivado ya en un contubernio contrario a los intereses del bien común.
Eso y no otra cosa significa la reciente promulgación de la ley que establece el licenciamiento permanente para las universidades. Es decir, una vez que se le otorgue la licencia de funcionamiento a una entidad de este tipo, si incumpliera determinados –aún inciertos– criterios de calidad educativa, será objeto solamente de multas y otras sanciones menores.
Como han señalado casi unánimemente estudiosos y expertos en la materia, se trata del golpe de gracia a la educación superior en el país. De lo que en un momento fue una reforma que modernizaba la educación en el Perú y la volvía competitiva para las exigencias profesionales del futuro, no quedará nada.
La ya bastante debilitada Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo técnico llamado a garantizar el rumbo de este proceso, quedará reducida, con esta medida, a un conjunto de oficinas estatales que únicamente aumentarán la tramitología y la burocracia.
Sin una fiscalización seria, quedará entonces el terreno libre para el retorno de las llamadas universidades bamba, beneficiarias directas de esta ley. Y que por supuesto están sobradamente representadas en el Congreso de la República. Empresas que con el cuento del cartón universitario –que, a la larga, dada la pobreza de su formación, no les servía casi de nada a sus alumnos– estafaban a miles de jóvenes peruanos.
La certificación de la licencia fue, en efecto, un mecanismo poderoso para presionar a las universidades públicas para que gestionaran mejor sus recursos y las instituciones de estudios superiores, en general, elevaran la calidad de la formación que daban a los estudiantes. Eliminada la posibilidad de que esa licencia fuese retirada a aquellas entidades que no cumplieran con un conjunto de requisitos básicos, las atribuciones fiscalizadoras de la Sunedu se convierten en mero papeleo.
Fomentando la mediocridad profesional y dando pase libre a los cárteles de la educación universitaria en el país se está dañando irreversiblemente el futuro de la juventud peruana.
