En 1984 se descubre el gas de Camisea. Veinte años después, se inicia su explotación. El proyecto Camisea viene invirtiendo cerca de US$4,000 millones en su implementación, con US$500 millones más por venir; y US$10,000 millones más se han invertido en desarrollar industrias conexas, como la termoeléctrica, distribución y transporte. ¿Quién se hace responsable de esos 20 años de retraso? Evidentemente, nadie.
En su momento, la izquierda peruana se encargó de oponerse drásticamente al proyecto y logró su cometido por 20 años. Utilizando arengas como "Proyectos entreguistas que son un atentado contra el interés nacional" lograron atemorizar a los gobiernos de turno y, así, casi una generación no pudo aprovechar un gran proyecto que ha cambiado la matriz energética del país y que, principalmente, ha traído beneficios a todos los peruanos en general y a la población cusqueña en particular.
El proyecto Tía María cumple con todos los requisitos y estándares exigidos por la ley, inclusive superiores a los que exige la norma peruana. Igual fue el proyecto Conga. Sin embargo, estos proyectos no serán desarrollados en su oportunidad, porque mientras los antimineros hacen su trabajo y se dedican solo a ello, nadie parece saber cómo enfrentarlos. El Estado debe de hacer cumplir la ley y no bajar la cabeza ante los que lucran económica y políticamente del caos y el empobrecimiento. El lema utilizado "No a la minería" debe ser derrotado con la razón y la ley.
Hoy, felices, estos dirigentes antimineros bailan frente al fracaso de Conga y esperan la estocada final al proyecto Tía María y de esa manera seguirán boicoteando otros emprendimientos mineros que están en su agenda. Mientras tanto, la minería informal continúa avanzando, contaminando y enriqueciendo a unos cuantos, lo que poco o nada les importa, puesto que parecería que ahí no hay financiamiento para sus operaciones.