¿Hasta cuándo?

Hoy, el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidirá si abre proceso disciplinario al jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, por el presunto favorecimiento en la inscripción de Podemos Perú, partido del ex legislador José Luna. Lo más probable, y ante el escándalo desatado, es que los consejeros voten por abrir investigación al funcionario. Lo criticable es que recién se tome una decisión luego de un mes desde que se conociera la denuncia.

En un editorial anterior (26/6/2018), explicamos lo preocupante que resulta que una institución clave para nuestra democracia esté involucrada en un caso como este. Y más todavía que sea el propio titular de la entidad el que esté bajo cuestionamiento. Castillo, quien accedió al cargo gracias a los puntos que el CNM regaló a los postulantes, como lo denunció Perú21, es también sindicado por sus propios trabajadores de haberse rodeado de siniestros personajes, que nos trasladaron a la época de José Portillo (‘papelito manda’).

Se sabe que, de abrirse un proceso disciplinario a Castillo, el CNM podría demorar hasta cuatro meses para resolver si lo destituye o no. Esto quiere decir que la autoridad supervisará todo el proceso de elecciones municipales y regionales y anunciará quiénes serán los próximos alcaldes y gobernadores, pese a tener esta grave denuncia en su contra.

La sociedad civil, representada por instituciones de vigilancia y de lucha contra la corrupción, ha cuestionado esta dilación. En declaraciones a este diario, que publicamos hoy, el presidente de Transparencia, Allan Wagner, solicitó al CNM acelerar sus procesos y tomar una decisión cuanto antes. Por su parte, el vicepresidente de Proética, Rafael Fernández Stoll, sostuvo que “las investigaciones se deben resolver en los tiempos adecuados para no poner en peligro las elecciones”.

Desde esta tribuna, nos reafirmamos en nuestra posición. Creemos que, por la limpieza y transparencia de este proceso electoral, el titular de la ONPE no debe continuar en el cargo. El Consejo Nacional de la Magistratura debe enmendar su error al designarlo sin que tenga las credenciales necesarias para dirigir una organización tan importante como esta.