Condenas de muerte

Y finalmente, la bomba de tiempo detonó: no era necesario ser agorero o un arúspice para avizorar un estallido como el que ocurrió en Castro Castro: se venía gestando no solo desde las últimas semanas de la pandemia, sino –podría decirse– desde hace años, pues con la crisis generada por el COVID -19 las condiciones de hacinamiento en las cárceles del Perú solo ganaron visibilidad y dramatismo.

Con capacidad para recibir 40,339 inquilinos, el sistema penitenciario nacional alberga en la actualidad a 97,287 individuos, lo que significa una sobrepoblación del 141%. ¿Dijimos drama? Nos quedamos cortos, las cifras –sin necesidad de describir las condiciones en que se vive el encierro– son más bien de una película de terror, simplemente escalofriantes. ¿Cómo no esperar lo peor de una tugurización de semejante magnitud? No digamos ya que los internos en lugar de reformarse solo recomponen sus vínculos con el hampa o “mejoran” sus prácticas delictivas, hablamos de un inframundo donde, en muchos casos y aparte de reclusos que pueden pagar privilegios, se sobrevive al borde de la animalidad.

Pero criminales o no, se trata también de seres humanos. Del total de presos en el país, 60,669 cumplen sentencia, mientras que 34,879 de ellos esperan la culminación de sus procesos barrotes adentro, por decisión de los jueces encargados de sus casos (muchos de los cuales, según los especialistas, podrían ameritar solo arrestos domiciliarios). Y existe un registro de 4,761 internos con 60 años o más, es decir, población con mayores posibilidades de ser contagiada.

Luego de pedir facultades legislativas para combatir el coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció que se alistaba un paquete de indultos para condenados por delitos menores no graves, incluso se aprobó un protocolo para agilizarlos, pero, al día de hoy, no ha llegado a concretarse. Los hasta ahora 44 internos y 7 trabajadores del INPE muertos –amén de los 645 presos infectados por el patógeno– que han dejado los motines y la pandemia, deberían bastar para que se definan de inmediato medidas de emergencia, que al menos puedan paliar la ominosa situación que se vive en los penales del país.