Editorial: Alto al fuego

El gobierno decretó estado de emergencia en todo el Perú y dio luz verde para que el Ejército restablezca el orden tras varios días de vandalismo en los que se destruyó propiedad pública y privada.

Pérdidas millonarias, miles de empleos afectados, empresas paralizadas, alimentos dañados en las carreteras, pacientes y ambulancias sin poder circular, etc., fueron razón más que suficiente para adoptar la medida. El gobierno ha tardado en decidirse, considerando que los disturbios han tenido incluso un significativo costo de vidas humanas, principalmente menores de edad.

Se espera ahora que las fuerzas de seguridad tengan el apoyo decidido del Ejecutivo para enfrentar a estos grupos, que, como dijo el ministro Otárola, no pasarían de 8 mil facciosos, pero cuya actividad destructiva en las calles tiene en vilo a 33 millones de peruanos.

El estado de emergencia implica, como se sabe, que se suspenden los derechos de reunión, tránsito e inviolabilidad del domicilio, y que la PNP tendrá a su cargo el control del orden social con el apoyo de las Fuerzas Armadas allí donde se requiriese.

Se debe poner coto, a como dé lugar, a los bloqueos de carreteras y el asalto violento a aeropuertos, por el tremendo perjuicio que ocasionan a las familias de los ciudadanos que necesitan trasladarse a sus hogares o a los centros de labores donde se ganan la vida. Hablamos de un sabotaje tan habitual en las protestas, que ya se deberían haber generado estrategias para neutralizarlo. Lo de los corredores mineros, por ejemplo, es escandaloso.

Ningún Estado democrático puede tolerar que un número reducido –pero muy activo– de provocadores vandalice la propiedad pública y privada. Las turbas de exaltados han atacado, además, locales y vehículos de la prensa independiente, especialmente canales de televisión como Panamericana y América TV. No son pocos, sin embargo, los violentistas que han sido ya identificados gracias a las cámaras de video instaladas en lugares estratégicos de cada avenida.

Ubicar a los cabecillas permitirá, por lo menos, llegar a algunos de los grupos que taimada y planificadamente promueven estos desórdenes callejeros. La acción policial debe ser quirúrgica, consistente e inmediata.

Los ciudadanos, los demócratas de verdad, deben rechazar enfáticamente estos injustificables actos de violencia y apoyar a las fuerzas de seguridad encargadas de restablecer el orden público.